Afronta Morena reto de retener mayoría

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  • La hora de la llamada elección más grande de la historia llegó y Morena buscará el triunfo en las votaciones del 6 de junio del próximo año.
ÉRIKA HERNÁNDEZ / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La hora de la llamada elección más grande de la historia llegó y Morena buscará el triunfo en las votaciones del 6 de junio del próximo año para mantener la mayoría que alcanzó en 2018.

Este lunes, al menos ocho partidos políticos arrancan la pelea por 21 mil 368 cargos de elección popular.

La oposición busca arrebatar la mayoría que Morena y sus aliados tienen en la Cámara de Diputados, después de tres años en los que la única agenda legislativa aprobada ha sido la del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

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Las 32 entidades tendrán algún tipo de elección. En 15 se renovarán gubernaturas, ocho de esos estados están en manos del PRI, cuatro del PAN, uno del PRD, uno de Morena y uno más es independiente.

También cambiarán 30 congresos estatales, lo que implica mil 63 diputaciones, además de que se renovarán mil 926 alcaldías, es decir, el 75 por ciento de los gobiernos municipales del País.

“En 2021 viviremos probablemente el mayor desafío que haya experimentado la democracia mexicana en los últimos 30 años, se llevará a cabo el proceso electoral que volverá, una vez más, a ser el más grande la historia”, resumió el presidente del INE, Lorenzo Córdova, el 26 de agosto.

Consideró que más allá de la complejidad técnica y logística, la mayor prueba será la madurez democrática de los actores y partidos para reconocer las derrotas en las urnas y sus victorias, y de los ciudadanos para participar en una contienda que podría darse aún con pandemia de coronavirus, además de distinguir noticias falsas.

Morena, el partido en el poder, inicia el año electoral distraído en su pugna por la dirección de la dirigencia nacional, alejado del Presidente López Obrador y con claras diferencias sobre el proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

Ese partido también deberá cargar con la disminución de la aprobación del Mandatario y su Gobierno, pues en un año pasó del 78 al 56 por ciento.

La popularidad del PRI se mantiene a la baja ante los innumerables casos de corrupción de ex gobernadores, ex funcionarios y hasta del ex Presidente Enrique Peña Nieto. Ante esto, su dirigencia nacional insiste en su mensaje de que la ilegalidad fue de personas, no de la institución.

El PAN también llega debilitado y con pocos liderazgos nacionales al frente de las acciones partidistas, mientras que el PRD, tras la elección de 2018, está desdibujado. Por ello, ambos buscarán alianzas.

En tanto, Movimiento Ciudadano anunció que no competirá en coalición con los ‘partidos de siempre’, pues advirtió que representan el pasado del que hay que tomar distancia.

El PVEM, luego de su fracaso con el PRI, se alió con Morena y, pese a sus diferencias, buscan afianzar la alianza con el PT y ahora con Encuentro Solidario, antes PES.

Sin embargo, el proceso arranca con la incertidumbre sobre cuántos partidos competirán, pues al menos cuatro organizaciones a las que se les negó el registro acudirán al Tribunal Electoral para revertir la decisión del INE.

Todos estos partidos tendrán una bolsa de 7 mil millones de pesos.

Capacidad a prueba

Aunque las 32 entidades cuentan con entes electorales locales, el Instituto Nacional Electoral (INE) asumirá el grueso de la organización.

El control operacional del INE incluye la capacitación electoral; padrón y la lista de electores; designación de funcionarios de sus mesas directivas; casillas; resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; impresión de documentos y producción de materiales electorales; y fiscalización de gastos de los partidos y candidatos.

Todo esto tendrá un gasto superior a los 8 mil millones de pesos, además de una partida especial por más de 300 millones de pesos para medidas de prevención ante la pandemia de Covid-19.En este proceso electoral, el INE enfrentará temas polémicos, como elaborar los lineamientos para la reelección de diputados, mejorar los mecanismos de fiscalización y castigar la intervención gubernamental.

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