Burlan legalidad Marcelo y Reyna

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Burlan legalidad Marcelo y Reyna

 

  • Mara Lezama nuevamente viola la ley al nombrar a Marcelo José Guzmán como tesorero municipal y  a Reyna Arceo Rosado como contralora municipal.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- A 14 meses de que el Cabildo de Benito Juárez y la alcaldesa María Elena Hermelinda Lezama violaron la Ley al designar como tesorero y contralor municipal a personajes que no reunían los requisitos, ambos  funcionarios “solventaron” a su manera la ilegalidad de sus nombramientos.

Marcelo José Guzmán y Reyna Arceo Rosado ordenaron a sus empleados modificar los manuales de organización internos para burlar, según ellos, los requisitos de su designación.

El argentino naturalizado mexicano, por ejemplo, instruyó a la coordinadora administrativa Carolina Rodríguez Rocandio para que justificara su ilegal nombramiento en el documento interno actualizado el 2 de diciembre de 2019.

El servidor público plasmó por escrito su defensa jurídica en la que se dijo víctima de discriminación de la ley mexicana, la misma que juró adherirse con obediencia y sumisión cuando se le otorgó la naturalización en 2010.

“El Tribunal en Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 48/2009, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, determinó que para poder ejercer un cargo, es requisito ser ciudadano mexicano por nacimiento, lo que representa una distinción discriminatoria respecto de aquellos connacionales por naturalización”.

El administrador de empresas graduado en el extranjero cuyo reconocimiento de estudios por parte de la Secretaría de Educación Pública permanece en un misterio, expuso (sin ningún valor legal) que el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal, refiere el acceso de cualquier ciudadano mexicano a la ocupación de cargos en la función pública, en condiciones de igualdad.

“Al obtener la nacionalidad mexicana mediante naturalización protesté la adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades mexicanas, así como las renuncias y protestas a las que refiere el artículo 17 de la Ley de Nacionalidad, siendo ahora ciudadano mexicano conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Constitución Federal. Resulta claro que la norma en comento seria (sic) violatoria de los derechos humanos fundamentales, pues tener doble o múltiple nacionalidad no es un elemento que pueda influir en méritos o capacidades de una persona”.

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El alegato se integró al documento MO-TES-TM-001, apartado 4.4.1, del punto 23, de la descripción y perfil de puesto de titular de la Tesorería Municipal con perspectiva de género del Manual de Organización que nadie aparece como revisor pero que validó Mario Esteban Luévano Cataño, titular del Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación (IMDAI), el 2 de diciembre de 2019.

Pero el agregado carece de cualquier valor legal pues la reglamentación que modificó es el último eslabón de la normatividad, debido a que olvidó cambiar los preceptos que le prohíben desempeñar el cargo, como el artículo 136 de la Constitución del Estado de Quintana Roo, el artículo 10, fracción I, de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; el artículo 29, fracción I, del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Centralizada del Municipio de Benito Juárez, y el artículo 190, fracción I, del Bando de Gobierno y Policía de Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

A su vez, la contralora municipal con estudios técnicos Reyna Arceo Rosado, violenta también la reglamentación municipal, ya que con su designación hizo caso omiso de la disposición que ordena tener estudios de nivel superior para ocupar el cargo.

Pero con la misma estrategia ordenó cambiar los requisitos en el Perfil del Puesto del Manual de Organización, que exigían licenciaturas en Derecho, Contabilidad o Administración.

Por órdenes de la contralora, la abogada Karina Navidad Cervantes Salvatierra agregó la leyenda “o conocimientos afines de la Administración Pública”, en el la página 50 del documento Código M0-CON-CO-001 elaborado el 13 de abril de 2020, cuyo documento revisó la coordinadora administrativa Leydi Marle Chan Serralta y fue validado por el director general del IMDAI, Mario Esteban Luévano Cataño .

Con ello, los funcionarios impugnados por violar la Ley desde el primero de octubre de 2018, quedaron supuestamente libres de toda responsabilidad legal.

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