Ordenan despojo, frena juez abuso

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Despojo

 

  • En plena pandemia, el gobierno municipal intenta concretar despojo contra contribuyentes morosos, por adeudos menores a 10 mil pesos.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Insensible ante la precaria situación económica que padecen familias trabajadoras por los efectos devastadores del Covid-19, el gobierno municipal raya en abusos contra contribuyentes morosos contra quienes intenta concretar despojo de sus viviendas por adeudos menores a 10 mil pesos.

La ejecución de créditos fiscales se dan al margen de la Ley para desposeer bienes inmobiliarios a sus ocupantes, no sin antes ordenar el corte de tajo del agua potable y la energía eléctrica, para apresurar los lanzamientos y proceder al remate de propiedades ubicadas en las zonas de interés social de Cancún.

En este ardid de ejecuciones al margen de la Ley, la tesorería municipal que encabeza el argentino naturalizado Marcelo José Guzmán (cuyo nombramiento viola la Constitución del Estado y diversos ordenamientos desde 2018), deja a las víctimas sin oportunidad de defensa.

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Ante su inconstitucionalidad los procedimientos empleados por el municipio para desalojar de su vivienda a morosos de alguna deuda, han sido frenados por jueces federales.

El caso más reciente fue denunciado el jueves pasado por Yeni Lizet Vargas Interian a quien se le hizo efectiva la ejecución fiscal 60175290090011000029, con la cual pretendían despojarla de su vivienda, en la calle Yaxche, número 343, Manzana 09, Lote 01, Supermanzana 529, del Fraccionamiento Galaxias Itzales.

La afectada solicitó la protección de la justicia federal cuyo caso recayó en el Juzgado Segundo de Distrito, bajo el amparo 614/2020, pues se pretendió ejecutar una orden municipal de desocupación y lanzamiento de la vivienda de su propiedad, de dos niveles con 85 metros cuadrados construidos, sobre un terreno de 90 metros.

En el proceso de recuperación del adeudo, las autoridades benitojuarenses ordenaron también la anotación de folios de la escritura pública 17 mil 588 (protocolizada ante el Notario 30), ante el Registro de la Propiedad y el Comercio de Cancún para inmovilizar y evitar que fuera vendida la propiedad.

Según la quejosa, al negar la notificación oficial se le arrebató la posibilidad de defensa y de otras garantías tuteladas en los artículos 14, 16 y 17 de la Carta Magna, que reconocen los derechos a no ser privado de sus propiedades, no ser molestado de manera infundada sino se sustente legalmente y el acceso a la justicia, respectivamente.

No conforme, el gobierno de la alcaldesa María Elena Hermelinda Lezama se ensañó con la contribuyente al ordenar que la empresa Aguakan suspendiera, cortara y desmantelara la red que abastece de agua al domicilio bajo la cuenta del servicio número 235884.

La oficina del tesorero municipal igualmente instruyó a la Comisión Federal de Electricidad para dejar al inmueble sin servicio de energía eléctrica, con el propósito de que la abandonaran sus ocupantes, y proceder con el lanzamiento.

El Juez Segundo de Distrito, Gerardo Vázquez Morales, otorgó la protección provisional a la quejosa para “mantener las cosas en el estado que actualmente guardan, particularmente, para que no se materialice la entrega de la casa habitación”.

Al frenar la orden de desalojo, el juez también resolvió negar la anotación registral e impedir la suspensión total del suministro de agua potable, hasta que la parte afectada sea notificada del fallo definitivo del juicio de garantías. Para que tenga efectos la protección se impuso a la mujer una garantía de cinco mil pesos.

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