Logra borgista reponer proceso

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Logra borgista reponer proceso

 

  • Juan Pablo Guillermo Molina logró que se reponga la audiencia inicial que lo vinculó al delito de peculado, uno de los cargos que enfrenta ante la justicia.
MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- Sujeto a proceso penal por acusaciones del primer cargo público que ocupó en Quintana Roo, Juan Pablo Guillermo Molina logró a la distancia que se reponga la audiencia inicial que lo vinculó al delito de peculado, uno de los ocho cargos que enfrenta ante la justicia.

El ex director de finanzas del municipio de Solidaridad (entre 2008 y 2011), obtuvo que un tribunal federal resolviera en definitiva que fue violentado su debido proceso durante la primera audiencia en la que se le imputaron los cargos, y que se mantuvo en litigio desde mayo de 2018.

El magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado de Distrito, Jorge Mercado Mejía, estableció que al también ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del gobierno borgista, se le privaron sus derechos constitucionales y legales durante el inicio del proceso judicial.

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Al resolver el amparo penal en revisión 139/2020, estableció que en la audiencia inicial donde se le acusó y se le vinculó penalmente, se omitió hacerle saber, de manera completa y puntual, de sus derechos consagrados en la Constitución General y en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

De una videograbación realizada el 22 de febrero de 2018, el magistrado se percató que el Juez de Control Oral Penal pasó por alto informarle sus prerrogativas y si tenía alguna duda de la forma de ejercerlas en el juicio, con lo que violó el debido proceso penal acusatorio.

La falta consistió en explicar que el acusado tenía el derecho a ser tratado como inocente hasta que se demostrara su culpabilidad, a no ser sometido a técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad o induzcan o alteren su libre voluntad, a no ser torturado, tener acceso a los registros de la investigación y que fueran recibidas sus pruebas para desvirtuar las acusaciones en su contra.

De igual manera, que tenía derecho a solicitar asistencia social para menores o personas con discapacidad que tuviera a su cargo, que la pena impuesta sería restada del tiempo de detención, que en ningún caso podría prolongarse su eventual pena de prisión por falta de pago de honorarios de abogados, que debería ser juzgado en una audiencia pública y de la confidencialidad que tendría con su abogado.

El Juez de Control fue omiso en cerciorarse que los defensores particulares tuvieran autorización para ejercer la profesión de abogado que asegurará una defensa adecuada al acusado, ya que en ningún momento mostraron alguna cédula profesional.

Guillemo Molina pretendió aprovechar la falla del juez para pedir que se desvirtuara el caso en su contra pero lejos de desestimarse ante una eventual violación de fondo, no se generará beneficio al procesado.

Más allá de prescribir la acción penal o de quitarle responsabilidad, el resolutivo únicamente promovió un acceso real, completo y efectivo a la administración de la justicia.

El 22 de febrero de 2018 Juan Pablo Guillermo fue vinculación a proceso por peculado contra la administración pública del municipio de Solidaridad, bajo la carpeta administrativa 227/2017, de la cual logró una suspensión favorable el 15 de marzo del mismo año, pero el caso fue impugnado a través de los amparos 405/2018 y 469/2019, hasta que en julio pasado un tribunal federal resolvió en definitiva la reposición del proceso, cuando el acusado buscaba echar abajo el juicio.

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