Amonestan opacidad contumaz de alcaldesa

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Amonestan opacidad contumaz de alcaldesa

 

  • Idaip advirtió a la alcaldesa Mara Lezama que le aplicará una amonestación pública, esto en caso de insistir en la opacidad de su gobierno.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto de Acceso a la Información Pública de Quintana Roo (Idaip), advirtió a la alcaldesa María Elena Hermelinda Lezama Espinosa que le aplicará una amonestación pública de insistir en la opacidad de su gobierno.

A los escándalos de corrupción que involucran a la presidenta de Benito Juárez y a su familia por presunto enriquecimiento ilícito, se suma esta medida de apremio que amenaza ejecutarse si la máxima autoridad municipal insiste en no transparentar y rendir cuentas sobre el manejo de los recursos públicos.

El Pleno del órgano estatal insistió que se debe acatar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para Quintana Roo, que impone la obligación de tener un gobierno abierto al escrutinio de particulares sobre información común y específica.

El apercibimiento elevó el tono del organismo hacia la alcaldesa morenista, pues hace siete meses, mediante oficio IDAIPQROO/PLENO/CV/181/VIII/2019, la exhortaba a “instar y motivar” su cumplimiento, pero derivado de su rebeldía le impuso un plazo de 15 días para hacerlo. Después de la amonestación pública se deberán aplicar multas económicas o ser denunciada ante las autoridades por incurrir en un delito, lo que podría determinarse este día ante la suspensión de plazos por la pandemia que concluyó el pasado viernes.

La advertencia se da luego de que el Índice Global de Transparencia (IGT) desplomó la evaluación de la administración en Benito Juárez-Cancún en 17.74 puntos porcentuales, luego del resultado de la verificación virtual realizada entre el primer y último trimestre de 2019, cuya calificación bajó de 73.44 hasta 55 puntos.

En el oficio IDAIPQROO/PLENO/CV/58/III/2020, en cuyo asunto se establece la “Solicitud para la publicación de la información pública” que fue fechado el 10 de marzo pasado (en la antesala de la contingencia por COVID-19), se otorgó de manera improrrogable tres semanas naturales para su cumplimiento, contados a partir del día siguiente de la notificación, que pudo durar una semana por la tramitología derivada de distancia que separa a Chetumal de Cancún.

“Proceda a notificar a este instituto el informe general del cumplimiento bajo los atributos de calidad y accesibilidad de la información considerando tu tabla de aplicabilidad y el formato proporcionado, con el apercibimiento de que en caso contrario este órgano garante aplicará la medida de apremio consistente en la amonestación pública establecida”.

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El artículo 192, fracción I, de la Ley advierte que se podrá imponer al servidor público encargado de cumplir con la resolución, una serie de medidas para asegurar el cumplimiento de las determinaciones, como la amonestación pública o privada o una multa económica de 150 hasta mil 500 salarios mínimos que no podrá ser pagada con recursos públicos. De reincidir, el funcionario podría incurrir en la comisión de un delito que se denunciará ante las autoridades competentes.

El Pleno está encabezado por el comisionado presidente José Orlando Espinosa Rodríguez y las comisionadas Cintia Yrazu de la Torre Villanueva y Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote, quienes cuestionaron a la alcaldesa que haga únicamente “una carga parcial de información”.

La comunicación pone al descubierto el ocultamiento de la información “incómoda” para la alcaldesa de Cancún, que al no existir en línea se replica también en las solicitudes de información con los acuerdos de las sesiones del Comité de Transparencia del Ayuntamiento Benito Juárez, presidido por la contralora municipal, Reyna Arceo, y avalado por los secretarios general y técnico, y el oficial mayor, en su calidad de vocales. Ello, pese al reiterado voto en contra de la titular de la Unidad de Transparencia, Carla García.

Así ocurrió, por ejemplo, en la Décima Quinta Sesión Extraordinaria 2018-2021 con la solicitud de información 00096020 con la petición de contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestaciones adjudicados por licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa en 2019 (pese a que deben ser públicos como lo obliga en el artículo 91, fracción XXVIII), pero que se respondió con la inexistencia de la información y con “el voto en contra por parte de la Unidad de Transparencia”. En casi todos los demás casos se decretó lo mismo o que está totalmente reservada.

La falta de información que reprocha el órgano garante tiene que ver con 57 fracciones incumplidas referentes al artículo 91 y 11 del 93, además de 21 formatos del 91, uno del 92 y tres del 93.

La información actualmente en opacidad corresponde a declaraciones patrimoniales, de no conflicto de intereses y fiscales, concesiones, contratos, convenios, permisos, adjudicaciones directas, donaciones, licencias, clausuras, multas e indicadores que permitan rendir cuentas de objetivos y resultados, así como remuneraciones, gastos, programas de subsidios, estímulos y apoyos.

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