Frenan abusos de jueces cívicos

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Frenan abusos de jueces cívicos

 

  • El Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo consideró inconstitucional el procedimiento de sanción que impuso Juez Cívico de Cancún.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La justicia federal frenó uno de los principales abusos que cometen los jueces cívicos del municipio de Benito Juárez, al imponer arbitrariamente el tiempo de arresto de quienes no pueden pagar las multas establecidas en el Bando de Policía y Buen Gobierno.

Una reciente resolución ordenó a la dirección de juzgados cívicos a cargo de Juan Carlos Aké Patricio, que depende de la Secretaría General municipal, calcular de forma equitativa los plazos de las detenciones con las multas económicas para acabar con la discrecionalidad con que se aplican las sanciones, las cuales son violatorias de los derechos constitucionales de las personas.

El Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, consideró inconstitucional el procedimiento de sanción que se impuso al mecánico Luis Jesús García Olivares, de 18 años de edad, quien fue responsabilizado de perturbar el orden público en la Ruta 253.

En el expediente administrativo 008099 se apunta que el joven fue detenido por la patrulla municipal 5525 adscrita al sector cuatro de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, acusado de transgredir el orden público por ingerir o transitar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, drogas o solventes, el cual sanciona el artículo 532, fracciones I y II.

El juez cívico le aplicó una multa de mil 303.20 pesos (equivalente a 15 unidades de medida de actualización), que consideró una sanción media entre la mínima (de 10) y máxima (de 30) consignada en el ordenamiento. El afectado, al no pagar la multa, optó por cumplir un arresto permutable que se le fijó en 28 horas de detención.

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Según la resolución del amparo 104/2020, el método utilizado violó los derechos humanos del detenido en materia de fundamentación, debido a que el juez cívico aplicó únicamente su criterio en vez de resolver de manera equitativa la cantidad de horas impuestas, lo que transgredió los derechos establecidos del afectado, según el artículo 16 de la Carta Magna.

“La responsable no adecuó ni motivó el parámetro proporcional para permutar la sanción de la multa cuyo límite son de diez a treinta unidades de medidas, al arresto, cuyos límites son de una a treinta y seis horas”.

En el análisis del caso se comprobó que la sanción impuesta de 28 horas de arresto excedió, por mucho, las 18 horas de detención que debieron imponerse como punto medio, cuyos límites se establecen por analogía con la jurisprudencia 89/2005 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 11 del Tomo XXII, de septiembre de 2005.

Al fundamentarse la violación legal se otorgó el amparo y protección de la justicia federal mediante una resolución, que al ser considerada de inconstitucional en su acto que le dio origen, lo fue también en su consecuencia.

El fallo judicial dejó insubsistente el arresto administrativo y sus efectos, consecuencias y ejecución, aunque advirtió a los responsables que “resulta importante puntualizar que de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable no podrá emitir una nueva resolución purgando los vicios que llevaron a conceder el amparo, pues ante la falta de complementación de esos aspectos en el informe justificado, debe considerarse que dicho acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración”.

La sentencia se extendió a “cualquier autoridad” que haya sido señalada como responsable (el director general del Centro de Retención y Sanciones Administrativas “El Torito”), que se encuentre vinculada con el cumplimiento de la sentencia, y que quedará obligada realizar lo necesario para acatar la orden.

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