Disputan el control por Calica

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Calica

 

  • Vulcan Materials, de Estados Unidos, rompe acuerdo y no solo se niega a ceder 6 hectáreas a la SCT, sino que demanda a la dependencia.
ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Durante más de 34 años la empresa norteamericana Vulcan Materials Company no solo ha destruido y alterado la ecología de Punta Iñan, Rancho La Rosita y Punta Venado, en los municipios de Cozumel y Solidaridad, con más de 1 mil 200 hectáreas, extrayendo arena y materiales pétreos para llevarlos a Estados Unidos, sino que ahora ha demandado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) un supuesto y multimillonario “pago de daños”.

De haberse construido el muro fronterizo de Estados Unidos con México, millones de metros cúbicos de la arena utilizada provendría de Quintana Roo por medio de esta empresa estadunidense Vulcan Materials Company, de la cual era socia hasta hace dos años la secretaria de Transporte de Estados Unidos, Elaine Chao, quien vendió sus acciones con un proveedor de materiales de pavimentación luego de que el Wall Street Journal informara que no había cumplido su compromiso de ceder sus participaciones.

Además de ser una persona muy cercana al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la señora Chao está casada con el líder de la mayoría del Senado estadounidense, Mitch McConnell (R., Ky.) y, según informó WSJ, ella vendió sus acciones de Vulcan Materials Company el 3 de junio de 2018, según documentos presentados a la Oficina de Ética Gubernamental.

Esta historia comenzó en 1986 cuando se fundó Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. (CALICA), donde la empresa estadunidense Vulcan tenía sólo la mitad de las acciones, pero el 11 de enero de 2000 la compañía extranjera se hizo dueña única.

También cedió a la empresa norteamericana la concesión de “Punta Venado” donde construyó una dársena y terminal de transbordadores, con dos títulos de concesión, DZF-291/92 para usar y aprovechar 9 mil 158.11 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre para áreas de conservación y ornato, así como la DZF-292/92 para usar y aprovechar 39 mil 332.73 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre.

En el primer contrato se estableció que “la empresa donara a título gratuito a la SCT la superficie de terreno necesaria para la construcción de las instalaciones terrestres complementarias de la Terminal de Transbordadores, misma que será de 6 hectáreas; esto a partir de la fecha en que se adquiera por la empresa la posesión legal del terreno”. Es decir, hace 29 años, el 16 de mayo de 1991, pero a la fecha nunca se realizó.

El 15 de agosto de 2001 el Senado de la República le envió un oficio a esta empresa para “requerirle facilitar la comunicación entre Punta Venado y la Isla de Cozumel, en el estado de Quintana Roo, en virtud de que los transbordadores que llevan y traen mercancías, no podían utilizar las instalaciones concesionadas y tenían que efectuar el cruce hasta Puerto Morelos, lo que continúa implicando mayores costos y tiempo de recorrido”. No hubo respuesta.

Por el contrario, el 13 de junio de 2002, mediante un oficio de la Dirección General de Puertos rechazó ceder las seis hectáreas a la SCT y autorizó privatizar de alguna manera el lugar y cobrar por el ascenso y descenso de pasajeros, de mercancía o de cualquier material que utilice “sus” instalaciones. Con ese argumento es que recientemente demandaron a la SCT exigiendo “pago de daños”.

Representantes del Círculo Espeleológico del Mayab A.C han denunciado que las actividades que realizan destruyen cenotes y ríos subterráneos provocando un severo daño ambiental en la zona.

Las explosiones, señalaron, han provocado serios daños en las cámaras de las cavernas que contienen vestigios que constituyen un patrimonio invaluable para la humanidad. También han provocado un daño irreversible al hábitat de jaguares, así como diversa fauna y flora de tierra y marítima.

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