Gastan municipios, no lo comprueban

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  • Solidaridad y Lázaro Cárdenas enfrentan cinco procedimientos en la Auditoría Superior de la Federación para devolver recursos que no comprobaron.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene abiertos cinco procedimientos para resarcir recursos públicos que no pudieron ser comprobados por los gobiernos de los municipios de Solidaridad y Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, en la cuenta pública de 2018.

Hay también un recurso administrativo y otras 13 revisiones en marcha que podrían fincar responsabilidades legales contra servidores públicos de las alcaldías de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad, Lázaro Cárdenas y José María Morelos.

Un informe del órgano fiscalizador entregado a la Cámara de Diputados revela la existencia de 136 observaciones al gasto público federal en 10 de los 11 municipios de Quintana Roo ejecutados hace dos años.

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De las revisiones realizadas se determinó que dos cuentas públicas, una en Cozumel y la otra en Felipe Carrillo Puerto, no tuvieron facturas que soportarán parte del presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión. De todas las revisiones suman 46 observaciones que están en distintas etapas de análisis para su comprobación.

El balance semestral del “Estado que guarda la solventación de observaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas” fue realizado al corte del 20 de marzo pasado, en el preámbulo de la suspensión de actividades por la pandemia del Covid-19.

El estudio establece que hay 22 casos sin una explicación clara del destino de los recursos federalizados que ocurrieron en los municipios gobernados por Otoniel Segovia Martínez (9), José Esquivel Vargas (4), María Elena Hermelinda Lezama (3), Laura Beristain Navarrete (2), Pedro Joaquín Delbouis (1), Víctor Mas Tah (1), Nivardo Mena Villanueva (1) y Sofía Alcocer Alcocer.

Uno de los presuntos desfalcos fue evidenciado por la auditoría 1679-DE-GF del municipio de Othón P. Blanco en materia de gasto federalizado, en la que se descubrió que 323 millones 137 mil 827 pesos quedaron pendientes por aclarar. Del análisis se determinó ejecutar un mecanismo de responsabilidad administrativa sancionatoria y un pliego de observaciones.

En el municipio Benito Juárez-Cancún, por ejemplo, la revisión de los informes individuales mostraron que en materia de seguridad se determinó una responsabilidad administrativa sancionatoria, según el registro 1257-GB-GF; en cuestión de saneamiento financiero se hizo una solicitud de aclaración por la ejecución de un monto pendiente de aclarar por 157 millones 45 mil 232.38 pesos, según la comprobación 1254-GB-GF, y en participaciones federales se encontraron “inobservancias de la normativa”, principalmente de la Ley

General de Contabilidad Gubernamental y en materia de servicios personales, de acuerdo a la revisión 1255-DE-GF.

La auditoría 1258-DE-GF realizada a Cozumel generó una recomendación por incumplir también la normativa en la aplicación de los recursos, además de que sólo fueron usados en 84.5 por ciento del monto aprobado.

En el mismo rubro de participaciones federales a municipios, el gobierno de Solidaridad incurrió en inobservancias de la normativa, especialmente en materia de control interno que derivaron “en la promoción de acciones correspondientes”, según la revisión número 1262-DE-GF.

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