Disfrazan concesiones privatización de playas

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  • La Semarnat está cediendo ante la tentación de más de 500 proyectos que ya operan con una concesión para usufructuar playas de la zona hotelera de Cancún.
ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Con el aval del reglamento ecológico del Ayuntamiento de Benito Juárez y de cada uno de los municipios de Quintana Roo, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) está cediendo ante la voraz tentación de más de 500 proyectos que ya operan con una concesión para usufructuar las playas de la zona hotelera de Cancún.

El problema de estas concesiones –totalmente legales– es que son el primer paso para “privatizar de facto” las playas públicas, denuncian grupos ecologistas ya que de acuerdo con las facilidades que da la ley es suficiente con construir un muelle de madera, rellenar alguna superficie de arena del lugar y pagar 2 mil 692 pesos del “permiso de construcción de obras en zona federal marítimo terrestre”.

Esta “fórmula legaloide” ha servido a decenas de propietarios de hoteles, villas y desarrollos inmobiliarios a la orilla del mar caribe en Cancún y la extensa Riviera Maya para manejar como suyos espacios exclusivos del mar Caribe en sus propiedades, y coinciden en ello estudios de la Universidad de Baja California Sur, UAM y del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, instituciones que urgen a legislar en esta materia.

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Tiziana Roma Barrera, ecologista y activista, aseguró que hay 500 concesiones que ha liberado la Semarnat a lo largo de la zona hotelera de Cancún, sin contar los de la Riviera Maya, que se agrava por el “adelgazamiento” de personal de las dependencias federales, asegura el ecologista Antero Carmona.

Además de la ambigüedad para delimitar los terrenos porque puede cambiar a una nueva ubicación tierra adentro por invasión del mar, o bien puede suceder lo contrario, generándose entonces terrenos ganados al mar los cuales se definen como la superficie de tierra que quede entre el límite de la nueva Zofemat (Zona Federal Marítimo Terrestre) y el límite de la Zofemat original, que se originan por causas naturales (huracanes o ciclones) o artificiales (construcción de espigones, muelles, muros de contención y rellenos), advierten.

Ante los huecos de las leyes en la materia, agravadas con las de Ecología de los municipios, durante los últimos meses explotó un “boom” de casos que han sido denunciados por grupos de ecologistas y ciudadanos, como el de Villas Pescadores, en el kilómetro 2.5 de la zona hotelera; el del hotel Hyatt Ziva de Cancún, donde no sólo se adueñaron de la playa sino del emblemático Faro de Punta Cancún; y, recientemente, el Hotel Breathless Cancún (kilómetro 4.5 ZH) solicitó la construcción de un bar playa y caseta de actividades acuáticas, con el argumento de construir un muelle rústico y realizar un relleno de arena preventivo.

Estas formas de convertir en privado aquello que es público, sirven como marco de referencia para evaluar el proceso de privatización en el que se encuentran inmersas las zonas costeras en México, señala la tesis de maestrante de Anahí Trasviña Mar, “Análisis de la Reglamentación Regulatoria de los Accesos Ciudadanos a la Zofemat”, en la que advierte que “el Estado mexicano está abandonando su actuar público en las zonas costeras, y explica cómo traspasa la propiedad de las mismas (o una porción de ellas) a favor de los particulares”.

Además, asegura, “el marco jurídico que regula la Zona Federal Marítimo Terrestre en México, no está lo suficientemente claro, presenta lagunas legales y no tiene una aplicación efectiva; por lo tanto, existen problemas para entrar a las playas y Zona Federal Marítimo Terrestre”.

El asunto no es fácil, porque México cuenta con 11 mil 122 km de litoral, que comprenden 1 millón 567 mil 300 hectáreas de superficies estuarinas distribuidas en 166 municipios de 17 estados costeros. De la superficie total de la Zona Federal, casi 70% corresponde a las vertientes del Océano Pacífico y Golfo de California, mientras que poco más del 30% son de las zonas costeras del Golfo de México y el Mar Caribe.

El académico César Nava Escudero del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en su extenso ensayo “La privatización de las zonas costeras en México”, explica que se requiere de una regulación integral, sistematizada y coherente de las zonas costeras en este país; es decir, de una legislación moderna y adecuada para atender esta problemática.

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