El primer borgista confeso de malversación que fue condenado a prisión y obligado a reintegrar a las arcas públicas del estado más de 39 millones de pesos en 2017, se negó a pagar la certificación de unos documentos que servirían para su defensa en un segundo proceso que enfrenta ante la Contraloría estatal. Lee la nota completa: https://bit.ly/2HF0w6b