Observan simulaciones en Ayuntamiento de Benito Juárez

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Benito Juárez

 

  • En lo oscurito, el Ayuntamiento de Benito Juárez se negocia abrogar el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Propuestas para modificar el Reglamento de Participación Ciudadana y abrogar el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública están dentro de un paquete de iniciativas que se manejan en lo oscurito dentro del Cabildo de Benito Juárez.

La organización Observatorio Legislativo de Quintana Roo señala que el Reglamento de Participación Ciudadana, expedido como un ordenamiento por la entrada en vigor de la Ley de Participación Ciudadana aprobada por la XV legislatura del Congreso del estado, establece procesos que no se han cumplido, como la Silla Ciudadana en el Cabildo, o lo que establece el artículo 84 en torno al presupuesto participativo.

Ahí se estipula que la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta, con el auxilio de la Tesorería Municipal, la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios y demás titulares de las áreas correspondientes, emitirá el acuerdo que contendrá el listado de diversas obras públicas a ejecutarse o diversas acciones de gobierno que pudieran realizarse atendiendo lo establecido en la fracción segunda del artículo 39 de la Ley, a más tardar en el mes de septiembre del año que corresponda.

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El mandato no se ha cumplido, y podría darse en estos últimos días del mes simplemente para salir de la obligación. Pero en todo caso se observa que el monto destinado a las obras de Presupuesto Participativo es de 15 millones de pesos, es decir apenas el 0.003 por ciento del presupuesto total del Municipio. Ello representa, por ejemplo, 10 por ciento de lo que destina el gobierno de María Elena Hermelinda Lezama Espinosa a gastos de difusión y publicidad.

“Es muy importante que el tema de Presupuesto Participativo debe entonces tener un ordenamiento especifico, reglamento y procedimientos de la participación ciudadana para poder cumplir con los objetivos de gobierno abierto establecidos en los compromisos de la Agenda 20-30. Debe ser un compromiso real, no una simulación, es la implementación de una democracia participativa”, apunta el Observatorio Legislativo.

“Es por ello que hemos efectuado diversas observaciones respecto a que no existen sanciones a la administración municipal por la falta de cumplimiento a sus ordenamientos, no sucede lo mismo con los contribuyentes que si no cumplen con las disposiciones se hacen acreedores a multas y sanciones económicas o de cierre de sus negocios. No hay igualdad entre autoridad y contribuyentes”, añade.

Por si fuera poco, a propuesta del regidor Jorge Arturo Sanen, el Cabildo de Benito Juárez quiere mandar a la basura el actual Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información, para crear uno nuevo, evidentemente a modo para la alcaldesa Lezama Espinosa.

En torno a esta iniciativa se están realizando reuniones de comisiones para que se apruebe en la primera sesión de octubre, sin análisis y propuestas ciudadanas.

“No es congruente con el discurso de apertura ciudadana”, advierte el Observatorio.

Y una propuesta más, alerta esta organización, es la de reformar los procesos para adquisición, arrendamiento y prestación de servicios relacionados con bienes muebles del municipio, pues es un asunto que en las últimas administraciones se ha manejado con asignaciones directas y sin transparencia.

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