Exhiben embargos irregulares en Benito Juárez

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Embargos

 

  • El Ayuntamiento de Benito Juárez enfrenta ante la justicia federal una ola de despojos inmobiliarios disfrazados de ejecución de créditos fiscales.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayuntamiento de Benito Juárez enfrenta ante la justicia federal una ola de despojos inmobiliarios disfrazados de ejecución de créditos fiscales.

Una decena de casos acusan a las autoridades municipales de obtener ilegalmente viviendas populares o micronegocios a través de embargos y remates irregulares que derivaron en una escrituración e inscripción del Registro Público de la Propiedad, sin que los dueños originales fueran notificados ni pudieran defenderse.

Los afectados coincidieron ante el Juzgado Quinto de Distrito que los despojos se realizaron mediante supuestos procesos administrativos para cobrar adeudos por impuestos del predial y el llamado Adicional para el Fomento Turístico, desarrollo Integral de la Familia, Desarrollo Social y Promoción de la Cultura, además de sumarse los gastos de ejecución.

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Moisés Padilla Yáñez, por ejemplo, promovió el amparo 636/2020 el 10 de septiembre pasado, en el que denunció la falta de emplazamiento del expediente municipal 601621602300100011, que derivó en una orden de embargo, remate y adjudicación de su vivienda marcada con el número 11 de la calle Haití, Lote 01, Manzana 23, del condominio Las Islas en la Supermanzana 216. El quejoso obtuvo la suspensión provisional.

Igual ocurrió con José Enrique González Moncada, quien mediante el juicio 643/2020 acusó la falta de emplazamiento del procedimiento 6016215005004400002, que llegó hasta la audiencia de remate pero que se detuvo ante una suspensión provisional que le fue otorgada el 28 de septiembre pasado.

A Jenny Leyva Rosas se le privaron también sus derechos constitucionales en el procedimiento de ejecución 601621500500500500004, del cual tuvo conocimiento hasta el momento de la diligencia donde se hizo efectiva la orden de embargo, el 3 de junio de este año. La afectada obtuvo la suspensión provisional en el amparo indirecto 497/2020.

Luis Antonio Gutiérrez Rodríguez fue igualmente afectado con una orden de desalojo de su inmueble, al que se sumó la suspensión, corte y desmantelamiento del suministro de agua potable a cargo de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V., según el amparo 691/2020 interpuesto el 30 de septiembre pasado.

Lo mismo le ocurrió a Jaime Gualberto Moo Kauil con una orden de lanzamiento, remate de inmueble y posterior adjudicación a un nuevo comprador. Por el procedimiento le fue rescindido el contrato de compra con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que tenía desde el 14 de diciembre de 2005. El amparo 575/2020 le concedió la suspensión provisional el 21 de agosto pasado.

A Verónica Parra Aguirre se le arrebató la lonchería y refresquería con razón social “El Oasis de Don Genaro” el pasado 3 de septiembre, y promovió el amparo indirecto 646/2020.
Blanca Ruth Gómez Jiménez denunció también la omisión de notificación en el procedimiento 601751802800100002, en el que se le ordenó dar su escritura, desalojar y entregar su vivienda, cuyos actos denunció el 10 abril de 2019. La quejosa obtuvo una resolución favorable en el amparo definitivo 413/2019.

Maritza Cabrera Valero invocó la protección de la Justicia de la Unión (mediante el amparo 1267/2019) para revertir todos los procedimientos realizados en el expediente administrativo 601620005300100032, con el cual se le ordenó el desalojo, desocupación, lanzamiento, entrega y desposesión de su vivienda.

Las autoridades de Cancún le impidieron tener una defensa legal sin que pudiera evitar que su inmueble fuera entregado a la División Fiduciaria del Grupo Financiero HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, que a su vez lo vendió a Bienes Inmobiliarios del Trópico, S.A. de C.V., por lo que pidió la protección de la Unión el 8 de octubre de 2019.

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