Rechazan marinos operar puertos

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Marinos

 

  • Integrantes de la Marina Mercante denunciaron que con el control de la Secretaría de Marina sobre los puertos no terminará la corrupción.
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Marinos denunciaron que con el control de la Secretaría de Marina sobre los puertos no terminará la corrupción, debido a que los actos ilícitos ocurridos al interior de la institución de fuerzas armadas siguen en la impunidad.

Así lo afirmó el Capitán Antonio Rodríguez, secretario del Trabajo de la Orden Mexicana de Profesionales Marítimos y Portuarios, quien ayer encabezó una manifestación de protesta en compañía de 220 elementos de la corporación, provenientes de 11 estados de la república, quienes exigieron la no aprobación de las modificaciones a la ley para que las Fuerzas Armadas que contemplan el control de aduanas y puertos, en abierta violación al artículo 129 de la Constitución.

En tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del gobierno de la Unión o en los campamentos cuarteles o depósitos que fuera de las poblaciones estableciere para la estación de tropas, indica este precepto.

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El Capitán Rodríguez denunció que en Puerto Morelos, Quintana Roo, se registraron decenas de denuncias de corrupción de parte de un contralmirante y el castigo que le impuso la Secretaría de Marina fue premiarlo.

En lugar de una sanción, precisó, la autoridad “lo ascendió y lo pasó a retiro, es decir que por haber recibido denuncias de corrupción, todos los mexicanos tendremos que pagarle de por vida su salario y un ascenso. Esos son los terribles castigos que aplica la Semar: si eso ocurre cuando hablamos del combate a la corrupción, yo creo que hay algo muy raro”.

Ante el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el control de los puertos y las aduanas lo tendrá la Marina porque se han detectado actos de corrupción en su manejo, los integrantes de la Mercante señalaron:

“Si se busca la corrupción hay que empezar a buscar en la Marina, pocas entidades son tan poco transparentes para las fuerzas armadas y lo pueden ver en las peticiones que se le han hecho al INAI, la respuesta permanente es ´esto es una cuestión de seguridad nacional y va a quedar reservado durante cinco o diez años”, denunció.

Los manifestantes consideraron preocupante que la administración pública dependa cada vez más de los militares, tanto en retiro como en activo, lo mismo para la construcción de obras como de aeropuertos y hasta bancos.

Respecto a la estrategia de austeridad del gobierno federal, criticaron que a los elementos de la Sendena les paguen dos salarios, el del militares en retiro y la pensión que les corresponde.

Por su parte, el Capitán de Altura de la Marina Mercante, Jorge Salas, aclaró que “ellos ya tienen una labor de seguridad en los puertos, llegan las embarcaciones de otro país y son inspeccionadas por elementos de la Marina para que la embarcación pueda llegar a puerto y ahora quieren extender sus facultades y tener todo el control, cuando hay diferentes áreas”.

Y sobre la corrupción denunciada por el Gobierno Federal, añadió: “nosotros no revisamos la carga, nosotros la transportamos, nos mandan qué es lo que viene y ellos la revisan y si se va a atacar la corrupción, que se castigue la corrupción”, dijo.

El también Capitán de Altura, José De Jesús Caldelas, expuso que su labor en Quintana Roo es supervisar que los cruceros cumplan con la documentación y las certificaciones vigentes:

“lo único que cambiaría es la cuestión de la protección en el puerto donde se tiene que hacer la revisión de quienes suben y bajan, y en los cruceros revisar el casco para que se vaya el barco de manera segura, nuestro ámbito es el administrativo, para el que hay que tener conocimiento”.

Hace menos de dos semanas la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y a la Ley de Puertos para trasladar a la Marina facultades que competían a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

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