Ejerció Cienfuegos control en Sinaloa

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Ejerció Cienfuegos control en Sinaloa

 

  • Salvador Cienfuegos, titular de la Sedena en el sexenio pasado, tuvo una fuerte presencia en Sinaloa y ejerció control sobre la seguridad estatal.
MARCOS VIZCARRA / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el sexenio pasado, tuvo una fuerte presencia en Sinaloa y ejerció control sobre la seguridad estatal a través de tres militares que fueron nombrados por el Gobernador priista Quirino Ordaz.

El paso por Sinaloa del general de cuatro estrellas, quien fue detenido el pasado jueves en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico e identificado como “El Padrino”, estuvo marcado por compras millonarias del Gobierno estatal a un solo proveedor: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la llegada de hasta 3 mil 200 elementos del Ejército para patrullar la entidad.

Durante su gestión se registró además una “guerra” intestina en el Cártel de Sinaloa y una emboscada en 2016 del crimen organizado, con saldo de cinco militares muertos.

La mano de Cienfuegos en la Sedena

El 3 de enero de 2017, dos días después de la toma de posesión de Ordaz, se informó de manera oficial sobre la llegada de los primeros mil 200 elementos militares a la entidad. Ese fue el inicio.

Los soldados llegaron a reforzar la seguridad, tocada por una emboscada ocurrida el 30 de septiembre de 2016 en la zona norte de Culiacán, cuando cinco militares fueron asesinados por un grupo criminal para rescatar a un miembro del Cártel de Sinaloa.
En el homenaje de cuerpo presente a los caídos, en Culiacán, Cienfuegos se mostró indignado y advirtió que el Ejército iría “con todo, con la ley en la mano y la fuerza que sea necesaria” para enfrentar a los criminales, ante lo que catalogó como “una afrenta al Ejército”.

Acusó que el ataque contra los militares tuvo la participación de “enfermos, insanos, bestias criminales con armas de alto calibre”.

Durante octubre de 2016 siguieron los operativos de la Sedena y hubo varios enfrentamientos, de los cuales sólo se hizo oficial la cifra de muertos y detenidos, así como la versión de que eran parte de la organización criminal relacionada con la emboscada.

Ese fue un repunte de la violencia en Sinaloa, tras dos años en los que se había reportado una disminución, en lo que fue la recta final de la Administración de Mario López Valdez y la llegada a la Gubernatura de Ordaz, quien decidió darle la seguridad del estado al Ejército.
Cienfuegos le ofreció al priista una estrategia liderada por militares, con la condición de colocar a mandos en puestos clave de la seguridad pública.

Ordaz designó entonces a Genaro Robles Casillas, un general con más de 40 años de servicio, en la Secretaría de Seguridad Pública, y al teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, como su segundo al mando.

Sergio Piñeiro Camacho, también teniente coronel, llegó como subsecretario de Estudios, Proyectos y Desarrollo.

Los tres militares comandaron el plan de la Secretaría de la Defensa Nacional en el estado, que tuvo como base el gasto público para el pago de policías militares, la compra de armamento y la construcción de una base militar.

La presencia del Ejército en Sinaloa se reforzó en marzo de 2017 con la llegada de 300 elementos, los cuales alcanzaron unos 3 mil 200 durante 2018.

El Gobierno de Ordaz se comprometió a proporcionar alimentación, hospedaje, viáticos necesarios y estímulos económicos de entre 3 mil y 8 mil pesos, según el grado militar.

Es decir, por los 3 mil 200 elementos, el Gobierno de Sinaloa pagó, al menos, 115 millones de pesos anuales.

También se compró armamento y ocho vehículos blindados tipo DN XI, a través de un convenio de colaboración con la Sedena por un monto de 36 millones de pesos.

“El Gobernador, desde el inicio de su Administración, invirtió en una brigada de Policía Militar que van a formar parte de la Guardia Nacional, tenemos ya dos años trabajando con la Policía Militar”, dijo Castañeda Camarillo, quien en agosto de 2018 asumió la Secretaría de Seguridad estatal tras el despido de Robles Casillas y la renuncia de otro militar propuesto por Cienfuegos, Fermín Hernández Montealegre.

Otra compra por parte de la Administración estatal fue la de dos aviones no tripulados, con un costo de 72.1 millones de pesos.

Apenas se hizo la adquisición a la empresa Hydra Technologies de México, el Gobierno de Ordaz comprometió la operación de los drones al Ejército a través de un convenio firmado el 2 de marzo de 2017.

Las cláusulas indicaron que la tripulación estaría compuesta por un piloto operador, un operador de sensores, un técnico de mantenimiento y un técnico en electrónica.
El equipo, que fue entrenado por la empresa proveedora, estaría a cargo de la operación hasta que se capacitara a funcionarios estatales.

El acuerdo por los drones se hizo junto a otros dos que implicaron la construcción de una base militar en El Sauz, en Culiacán, y un centro de operaciones meteorológicas, en Mazatlán, ambas pagadas por el Gobierno estatal y entregadas a la Sedena.

La más cara fue la base militar, con un costo total de mil 53 millones de pesos, de los cuales 739 millones 750 mil correspondieron a recursos estatales y 313 al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

La obra se inauguró el 27 de noviembre de 2018, en una ceremonia en la que participó el entonces Presidente Enrique Peña Nieto, Cienfuegos y el Gobernador Ordaz.

Todas esas compras y obras sirvieron para fortalecer al Ejército de Cienfuegos, que durante 2017 y 2018 estuvo en medio de una guerra intestina del Cártel de Sinaloa.

En esos dos años, los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Ovidio, sostuvieron una serie de enfrentamientos por el liderazgo de la organización contra Dámaso López Núñez y su hijo Dámaso López Serrano, de acuerdo a reportes de la Secretaría de Seguridad Pública.

Esa “guerra” terminó con la detención en CDMX de López Núñez, el 2 de mayo de 2017, y la entrega voluntaria de su hijo a Estados Unidos un mes después, al acusar amenazas de la familia Guzmán.

Los enfrentamientos se prolongaron hasta finales de 2018, por el reacomodo de liderazgos, lo que provocó al menos 2 mil 600 asesinatos.

En medio estuvieron los 3 mil 200 militares, que pasaron a ser elementos de la Guardia Nacional en enero de 2019 y fueron reasignados a otros estados.

Lo que sería la estratégica base militar en El Sauz quedó prácticamente vacía, pues está ocupada sólo por 300 soldados y sus familias, mientras que los vehículos blindados y los drones a cargo de un grupo de militares aún permanecen en la Secretaría de Seguridad Pública, bajo el mando del teniente coronel Castañeda Camarillo.

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