Ejecutan embargo de cuentas al Ayuntamiento Benito Juárez

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Benito Juárez

 

  • Fondos de diversas cuentas bancarias municipales fueron asegurados y retirados para saldar una deuda que el Ayuntamiento de Benito Juárez se negó a pagar.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de una batalla legal que duró casi un lustro, fueron asegurados y retirados los fondos de diversas cuentas bancarias municipales para saldar una deuda civil que se negó a pagar el Ayuntamiento de Benito Juárez desde 2014.

La cantidad de recursos inmovilizados se ejecutó primero mediante el embargo de las arcas públicas del gobierno de Cancún el pasado 14 de septiembre, cuyos fondos fueron sustraídos por orden de un juez un mes después (miércoles 14 de octubre), como resultado de la sentencia 689/2014 del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia, contra la cual el municipio presentó un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito de Quintana Roo, que le fue desfavorable.

Aunque el gobierno municipal obtuvo una suspensión provisional para poder disponer de los recursos públicos por casi 20 días, el síndico Heyden José Cebada Rivas confirmó al juzgado federal la ejecución, a través de una misiva en la que reconoció “el embargo de diversas cuentas bancarias aperturadas a nombre de la parte quejosa y también le comunica el levantamiento de alguna de ellas”.

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Y en otra comunicación del pasado miércoles 14 de octubre, el funcionario reconoció también que “ya fue materializada la sustracción del numerario derivado del embargo ordenado”.

Según un dictamen de los estados financieros de 2018, la administración municipal recibió de la anterior gestión seis cuentas bancarias activas radicadas en Bancomer, Banamex, Banorte, Scotiabank, Santander y HSBC, además de cinco Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración de Fideicomisos en Banco Interacciones (6001- 03718000030215185), Banamex (160645-8 y 160682-2), Santander-Serfin (655028376019 -2001) y Banco Santander (S 72168).

La bolsa económica municipal donde se realizó el aseguramiento y posterior retiro para saldar el adeudo, alberga recursos del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, así como del Fondo de Mejoramiento de la Administración de Justicia del Estado de Quintana Roo.

El caso tiene su origen en una sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo emitida en 2016, la cual ordenó la liquidación inmediata de una deuda incumplida por los alcaldes Paul Carrillo y Remberto Estrada. La defensa legal del caso le tocó al actual gobierno de María Elena Hermelinda Lezama Espinosa.

Durante el tiempo que duró el proceso, la parte afectada sumó a su exigencia de pago, la reparación de daño material y moral, perjuicios, intereses moratorios y gastos judiciales, mientras que el municipio benitojuarense alegó que los fondos económicos bajo su control eran intocables y no podía decretarse mandamiento de ejecución en su contra por incumplir una sentencia.

Ante un eventual embargo, esgrimió, “se causarían daños y perjuicios de difícil reparación al impedírsele la disposición de los numerarios depositados en las cuentas correspondientes”.

En los alegatos, las autoridades aseguraron que de darse el embargo de cuentas bancarias se afectaría “a toda la población del municipio que se encuentra en estado de necesidad de obras públicas, seguridad pública y social, apoyo educativo y para la atención de la población en pobreza, generando un conflicto de interés social”, según la resolución de amparo 612/2019.

A pesar de los argumentos de la autoridad municipal, el  Juzgado Segundo de Distrito confirmó la sentencia recurrida el 26 de junio de 2019, al decretar que “hay recursos municipales inembargables y otros que sí pueden sujeto de embargo”.

Fue entonces que el Ayuntamiento de Benito Juárez interpuso nuevo amparo, el 14 de septiembre pasado, específicamente contra el “auto de ejecución que ordenó la puesta a disposición de numerario como pago de la parte actora”.

El Síndico Heyden José Cebada Rivas intentó que el municipio pudiera conservar el control de los fondos públicos, aunque fuera de manera provisional, pero no tuvo éxito. “…de conceder la suspensión contra los citados actos reclamados, sería dar efectos restitutorios definitivos que no son propiamente materia del juicio principal y que no pueden restituirse provisionalmente por medio de la medida cautelar”, le respondió el tribunal al síndico municipal .

Finalmente, el pasado 15 de octubre fueron retirados de las arcas municipales recursos para saldar la deuda, lo que el funcionario notificó al Juzgado Segundo de Distrito, “fue materializada la sustracción del numerario derivado del embargo ordenado mediante acuerdo de catorce de septiembre de dos mil veinte”.

Esta situación provocó que la nómina de los trabajadores no pudiera pagarse en su totalidad.

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