Niegan otro amparo a tesorero de Roberto Borge

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Niegan otro amparo a tesorero de Roberto Borge

 

  • A Guillermo de Molina se le considera el presunto operador de millonarios desvíos cometidos en el gobierno de Borge Angulo.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-  Pese a ser prófugo de la justicia desde hace un año 10 meses, Juan Pablo Guillermo de Molina pretendió nuevamente conocer a la distancia las investigaciones y elementos de prueba que enfrenta por peculado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo.

Igual que en otras ocasiones, el funcionario recurrió a la Justicia Federal para tener acceso a distancia de la Carpeta Penal Oral 144/2018, mediante diversos recursos jurídicos que emprendió desde junio de hace dos años.

El ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) durante el gobierno del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, ha promovido también otros incidentes de revisión en materia penal para impugnar (sin éxito), las actuaciones del juez de Despacho del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Rodrigo Barrera Díaz.

La resolución más reciente ocurrió el lunes pasado en el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito que al resolver un amparo en revisión, dejó en el mismo estado de negativa que guarda otra sentencia de amparo indirecto del Juzgado Sexto de Distrito.

La resolución jurídica negó reconocer la existencia de un defensor particular para tener acceso, conocer y poder reproducir los registros de la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado FGE/QR/CHE/ESP/12/8/2016, igual que se resolvió en otro juicio de amparo indirecto que resolvió el Juzgado Sexto de Distrito.

Firman convenio para proteger derechos humanos

Lo improcedente…

El juez Aarón Alberto Pereira Lizama consideró que la petición iba más allá de la simple negativa a negar la designación de un defensor legal, por lo que lo consideró improcedente.

A Guillermo de Molina se le considera el presunto operador de millonarios desvíos cometidos en el gobierno de Borge Angulo, a quien la justicia federal ha negado suspensiones provisionales y definitivas para evitar que sea citado, presentado y encarcelado en el proceso que sigue el Juez de Despacho del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal. A causa de ello, ha denunciado presuntas violaciones a sus derechos humanos.

Los jueces han insistido en que la petición jurídica de Guillermo de Molina es improcedente porque aún cuando el recurso de protección trata de evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o resarcitorias, se ha antepuesto el llamado buen derecho, las posibles afectaciones al interés social y la posibilidad jurídica y material de otorgarla.

El ex funcionario ha insistido en que se le otorguen facultades a su apoderado pero vulneraría el Código Nacional de Procedimientos Penales donde se reconoce que esas facultades son “personalísimas” del imputado.

Para la Justicia Federal, de concederse la suspensión se producirían también efectos que no podrían ser reparados, ya que se daría la posibilidad de actuar en el proceso penal a quien en el fondo carece de facultades legales ni está autorizada para conocer la información de los datos de prueba o medios de convicción que existen.

Incluso, de conceder una suspensión definitiva se dejaría sin materia el juicio de amparo.

Otro de los amparos negados a Juan Pablo Guillermo de Molina fueron radicados, en los juzgados Segundo y Sexto de Distrito y el Primer y Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.

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