Rechazan transas de ligados a Emilio Lozoya

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Emilio Lozoya

 

  • México rechazó corrupción de funcionarios de Pemex, ligados a Lozoya, en caso de empresa Oro Negro, cuyos accionistas piden indemnización.
VÍCTOR FUENTES / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México rechazó presuntos actos de corrupción por parte de funcionarios de Pemex, colaboradores cercanos de Emilio Lozoya, en el caso de la empresa de servicios petroleros Oro Negro, declarada en quiebra de 2019 y cuyos algunos accionistas reclaman a nuestro país una indemnización de 270 millones de dólares.

Al contestar la demanda arbitral de los accionistas, abogados de la Secretaría de Economía (SE) sostuvieron que, de 2012 a 2017, Oro Negro “tuvo la posibilidad de denunciar a los funcionarios de Pemex que supuestamente le requirieron sobornos mediante procedimientos penales, civiles, administrativos y laborales. Oro Negro simplemente optó por no llevar a cabo ninguna acción legal o administrativa para sancionar tales conductas”.

La SE pidió al tribunal arbitral no aceptar las grabaciones de funcionarios de Pemex realizadas por la agencia de espionaje británico-israelí Black Cube, contratada por Oro Negro en agosto de 2017 para probar una supuesta conspiración en su contra, ya que son pruebas obtenidas ilegalmente.

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De hecho, el Gobierno usó a su favor fragmentos de grabaciones de pláticas entre agentes de Black Cube y tres colaboradores de Emilio Lozoya en Pemex: Arturo Henríquez Autrey y Gustavo Escobar Carrre, ex director y subdirector de Procura y Abastecimiento, grabados en Nueva York el 13 de noviembre de 2017, y Luis Guaso Montoya, ex subdirector de Planeación Estratégica, grabado en la Ciudad de México el 23 de octubre del mismo año.

En ambos fragmentos, los funcionarios explican a los agentes que Pemex bajó las tarifas, y luego terminó los contratos de renta de cinco plataformas con Oro Negro, por la caída en los precios del petróleo, sin mencionar que hubiera sobornos involucrados.

En su demanda, presentada en junio de 2018, los accionistas de Oro Negro alegan que los contratos se dieron por terminados, porque no aceptaron sobornar a funcionarios.

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“El valor probatorio de las grabaciones de Black Cube es inexistente si se considera que los entrevistados no participaron en las negociaciones con Oro Negro, las grabaciones son inaudibles y están editadas, y cada entrevista duró un tiempo considerable en el que los entrevistadores y entrevistados consumieron bebidas alcohólicas”, sostuvo la SE.

La contestación de demanda está fechada el pasado 1 de junio, pero fue publicada la semana pasada por el tribunal arbitral, que opera bajo reglas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

México sostiene que Oro Negro quebró por su incapacidad para enfrentar los compromisos que asumió con los tenedores de bonos que emitió para financiar la compra de varias plataformas, y por su negativa de aceptar la reducción de tarifas que le planteó Pemex a mediados de 2017, que sí aceptaron otras proveedoras.

Los accionistas que presentaron la demanda dicen ser dueños del 43.02 por ciento de Oro Negro, pero la SE sostiene que no está probada la tenencia de varios de ellos, por lo que en realidad sólo habrían demandado los dueños de 11.08 por ciento de la empresa.

En cuando a la indemnización, suponiendo que los árbitros resolvieran que sí hubo violaciones al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México afirma que debería ser de entre 5.9 y 32.7 millones de dólares.

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