Denunciarán desvío de recursos en Benito Juárez

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Denunciarán desvío de recursos en Benito Juárez

 

  • El manejo irregular de los recursos del Derecho de Saneamiento Ambiental para pagar sueldos en el Ayuntamiento podría implicar responsabilidades penales.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El irregular manejo de los recursos del Derecho de Saneamiento Ambiental para pagar sueldos y salarios de la burocracia municipal en el Ayuntamiento de Benito Juárez podría implicar responsabilidades penales de funcionarios, consideró el Observatorio Legislativo de Quintana Roo, A.C.

El representante del organismo, Eduardo Galaviz Ibarra, adelantó que analizará el mecanismo a través del cual se autorizaron discrecionalmente 89 millones de pesos destinados originalmente a la limpieza del sargazo de las playas de Cancún, pero que se usaron para solventar el gasto corriente del gobierno de Benito Juárez.

Se revisará a fondo, dijo, para conocer qué tipo de justificación jurídica se utilizó y, de encontrarse que estuvo al margen de la Ley se interpondrán recursos legales en contra de los responsables. Y añadió que también se denunciarán los hechos ante el Congreso del Estado, donde se aprobó este impuesto que se cobra a los turistas.

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Acusó al gobierno municipal que encabeza María Elena Hermelinda Lezama Espinosa de actuar con discrecionalidad por utilizar los referidos ingresos sin justificación legal y falta de transparencia, lo que podría configurar conductas que deben ser sancionadas.

Los ciudadanos que forman parte del Consejo de Decisión del Fideicomiso del Derecho de Saneamiento Ambiental en Cancún, también están obligados a dar una explicación por permitir la disposición del impuesto que pagan los turistas para fines distintos a los originalmente planteados.

“Sería todavía más grave que a estos ciudadanos integrantes del Consejo no se les hubiera tomado en cuenta”, advirtió.

Galaviz Ibarra se refirió a la misiva del tesorero Marcelo José Guzmán publicada por Luces del Siglo, mediante la cual el gobierno de Cancún se declaró en crisis financiera y graves dificultades para pagar la nómina de la burocracia por los dos últimos meses del presente año y de enero próximo.

“El documento refleja la mala administración que tienen de las finanzas públicas”, denunció.

La utilización de los fondos del Fideicomiso es distinta para lo que fueron creados, tal como ha ocurrido con otros gravámenes aprobados: en esa misma condición está el llamado Impuesto Adicional para el Fomento Turístico, Desarrollo Integral de la Familia, Desarrollo Social y Promoción de la Cultura que impone un pago de 10 por ciento sobre cualquier gravamen que se cobra en Benito Juárez, de acuerdo a lo establece el artículo 46-Bis de Ley de Hacienda municipal.

“Supuestamente fue creado para establecer fondos para la niñez y la atención a la cultura, pero los recursos no se utilizan para los fines que fueron creados. Igual suerte corrió el Impuesto sobre Nómina que supuestamente se aplicaría para mejorar la educación escolar”, subrayó.

El Presupuesto de Egresos 2020 no está orientado para resolver los problemas de infraestructura de la ciudad sino para soportar el gasto corriente de la administración municipal, en casi el 80 por ciento de los recursos.

Para el año próximo “creo que van a insistir nuevamente en darle preferencia a su gasto corriente, cuando podrían reducir salarios, personal o los gastos del Cabildo”.

El representante del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, A.C. criticó que la mayor cantidad de recursos se vaya al gasto “irrecuperable”, como representa el apartado de gastos personales.

Y lamentó que el Ayuntamiento no haya hecho ningún recorte a las percepciones salariales del personal de confianza, pese a la crisis económica que generó el COVID-19.

La iniciativa privada, por ejemplo, ha conservado plazas laborales optimizando sus recursos para resistir la carestía generada a partir de la nueva realidad ocasionada por la pandemia.
Por el contrario, las partidas de la oficina de la Presidencia Municipal, las secretarías Técnica y Particular y el área de Comunicación Social en Benito Juárez disponen de 125 millones de pesos anuales, sin que sean recortados ni transparentados esos recursos, lo que refleja la insensibilidad del gobierno municipal.

Igualmente ocurre con las ayudas sociales que tienen un presupuesto asignado de 100 millones de pesos, cuyo manejo también se desconoce. “¿De qué manera se entregan o cuáles son los estudios para poder entregarlos?”.

La importancia de la transparencia y fiscalización es fundamental pero en la actual administración municipal es letra muerta, por la opacidad que prevalece, concluyó.

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