Violentaron municipales uso adecuado y progresivo de la fuerza 

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  • Al menos 16 de los 44 artículos que integran la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza fueron violentados durante represión de marcha del lunes.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Al menos 16 de los 44 artículos que integran la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza fueron violentados por la policía de Cancún durante la represión de la marcha feminista del pasado lunes.

A pesar de que en su artículo 27 el ordenamiento establece que “por ningún motivo se podrá hacer uso de armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito”, los uniformados actuaron como si hubieran estado en el supuesto de situaciones de alta peligrosidad.

El nivel de fuerza letal (el más alto) que se aplicó en la explanada del Palacio Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, está restringido por la legislación y únicamente se puede emplear cuando se pone en peligro la vida o la integridad física de personas ajenas al movimiento o de los propios uniformados.

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De haberse dado una situación que justificara el ataque con armas contra las feministas, previamente los agentes estaban obligados a agotar una serie de diversos mecanismos, como el convencimiento a través del diálogo y si fuera el caso de que los manifestantes estuvieran agresivos entonces procedía imponer órdenes expresas de sometimiento y aplicar acciones para disuadir e inmovilizar personas. Es decir, el uso adecuado y progresivo de la fuerza.

En caso de haberse configurado una situación de máxima emergencia, según el mismo ordenamiento, antes se habrían usado armas menos letales, como dispositivos de descargas eléctricas, esposas o candados de mano, sustancias irritantes en aerosol o mangueras de agua a presión. Pero en la manifestación del lunes no se justificaban estos protocolos.

Los uniformados pasaron también por alto el cumplimiento de la regulación del uso de la fuerza establecido en el artículo 4, que los obliga a tutelar la vida e integridad de las personas para evitar vulnerar bienes jurídicamente protegidos, así como mantener el orden y la paz pública.

Cuando las circunstancias orillan a las corporaciones al uso de la fuerza, señala el artículo 6, “se hará en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos”. Todas estas disposiciones no se cumplieron por los policías municipales en Benito Juárez.

Los protocolos y procedimientos “deberán atender a la perspectiva de género, la protección de niñas, niños y adolescentes, y la atención a eventuales situaciones de riesgo en lugares donde se congreguen personas ajenas a los agresores”, añade este artículo.

Sin embargo, la represión contra el colectivo de feministas ocurrió en la Plaza de Armas, a menos de 50 metros de la avenida Tulum, una de las arterias más importantes y concurridas de la ciudad.

En el Capítulo V, relativo al perfil que deben cumplir los agentes, el artículo 18 obliga a las instituciones de seguridad a garantizar que sus integrantes sean seleccionados con procedimientos adecuados para garantizar que cuenten con aptitudes éticas, psicológicas y físicas apropiadas para el ejercicio eficaz de sus funciones.

Además, deben recibir capacitación profesional, continua y completa, incluyendo el uso adecuado y progresivo de la fuerza.

El ordenamiento también establece que antes del uso de la fuerza se debe evaluar la detención de personas, y obliga a las autoridades a comunicar de inmediato las razones de la detención, garantizando siempre que sean puestos a disposición de las autoridades competentes.

“Los agentes, bajo su más estricta responsabilidad, velarán porque durante la custodia del detenido se resguarde su integridad y se impidan actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, específica el párrafo cuarto del artículo 21.

En la manifestación del lunes en Cancún se detuvo a diversos manifestantes, a quienes golpearon, como fue el caso del profesor Julián Ramírez quien fue golpeado al intentar proteger a los alumnos que acudieron a la marcha para demandar justicia por el brutal asesinato de Bianca “Alexis”. Por esto pretendió presentar denuncia pero se lo impidieron.

De la actuación de los uniformados en manifestaciones y reuniones públicas, el Capítulo VII establece que “por ningún motivo se podrá hacer uso de armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito”. Se debe asegurar la protección de los manifestantes y los derechos de terceros, así como garantizar la paz y el orden público.

El artículo 30 de la Ley obliga a los cuerpos policiacos a responsabilizar al personal al mando que deberá hacer reuniones de coordinación para plantear las estrategias más adecuadas y “contar con los planes operativos y logísticos para hacer frente al evento de que se trate”.

Se ordena también que antes del operativo se debe pasar revista a los agentes, equipo, armamento, cartuchos y vehículos, cuya relación deberá quedar por escrito. El mando operativo debe asegurarse una comunicación constante con sus superiores para la toma de decisiones.

La intervención de las fuerzas de seguridad pública “deberá hacerse por personas con experiencia y capacitación específicas y bajo protocolos de actuación del Consejo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el artículo 28 se advierte que cuando las manifestaciones se tornen violentas, “las policías deberán actuar en los distintos niveles de fuerza”, siendo el uso de armas exclusivo para situaciones extraordinarias.

La Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza reconoce que los agentes tienen derecho a responder una agresión usando la fuerza letal, siempre y cuando “esté en peligro inminente su integridad física con riesgo de muerte”.

En ese caso, se deberán salvaguardar los objetivos y principios que garanticen los derechos humanos de los potenciales involucrados. Durante la represión de Cancún (del lunes pasado) todo lo ordenado por la Ley no se cumplió.

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