Ven red de corrupción tras el sismo de 2017

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  • Expertos señalan que la corrupción en la reconstrucción tras el 19S fue ocasionada por una red entre autoridades, empresarios y damnificados.
VÍCTOR JUÁREZ / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-. La corrupción que se manifestó en el proceso de reconstrucción en la CDMX tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 se articuló en forma de red entre autoridades, empresarios y damnificados, dentro de una atmósfera de beneficios mutuos, alejada de la protección a los principios de seguridad estructural, consideró la investigadora Naxhelli Ruiz, del Instituto de Geografía de la UNAM.

Durante su participación en el Seminario de Vulnerabilidad Social a Desastres, organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, la experta en vulnerabilidad, riesgo y desastres presentó un adelanto de los resultados de una investigación en la que estudió el caso de un inmueble afectado por el sismo y su atención en los albores de 2018.

“Se hizo un entramado legal tremendamente complicado para apoyar la introducción del sector privado (a la reconstrucción), no solamente de la élite, hay muchas empresas que también estaban metidas, pero en particular había muchas de las grandes empresas en la Plataforma CDMX para hacer los contratos en los multifamiliares”, señaló la especialista.

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Ruiz analizó las relaciones entre empresarios y autoridades de la Administración pasada, así como la participación de los propios damnificados quienes, en su afán de conseguir la reconstrucción de sus viviendas, pudieron incurrir o facilitar algunos de los mecanismos señalados por la experta como actos de corrupción, como aceptar dictámenes irregulares.

En el caso revisado, la empresa que intervino en la rehabilitación del inmueble (no mencionada por Ruiz) tuvo responsabilidad directa en otro inmueble afectado por el sismo, lo que hacía problemática su participación en la reconstrucción.

“Cuando se hizo el primer dictamen del edificio, estaba en riesgo medio (amarillo), como no había protocolos establecidos para definir cuál era ese nivel, el riesgo medio le convenía a estas personas.

“Cuando empieza a moverse el asunto del dinero mágicamente el estatus cambio a rojo, a riesgo alto, este cambio era necesario porque no podía obtenerse el nivel de recursos públicos sin él. Es uno de los primeros que obtiene recursos públicos para su rehabilitación”, señaló la especialista.

Detectó a un notorio representante de la industria, un ingeniero, ex funcionario y representante legal de empresas de construcción, como el articulador de la red de favores a largo plazo, a través del cual se acordaba el marco jurídico, que a la postre protegería a las empresas responsables por daños en inmuebles o a las que intervinieron en los trabajos de reconstrucción.

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