Ya se vislumbra otra cuarentena

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Ya se vislumbra otra cuarentena

 

  • La mayor amenaza para Cancún es Joe Biden, pues con ganas de hacer las cosas diferente podría decretar un confinamiento tras los viajes.
FERNANDO MARTÍ / CRONISTA DE LA CIUDAD

CANCÚN, Q. ROO.- CUARENTEMAS / El coronavirus está peor que nunca. A nivel mundial ya se rebasaron los 50 millones de contagios, y cada día se reporta medio millón de casos nuevos. Las muertes oficiales se estiman en un millón 350 mil, lo cual arroja un índice de letalidad del 2.7 por ciento, o sea, mucha gente está enfermando, pero poca está muriendo, lo cual, desde luego, no es ningún consuelo para los deudos de quienes fallecen.

Ya llevamos casi un año con la plaga y hemos aprendido unas cuantas cosas. No sabemos por qué muere gente joven y en buena condición física, pero sí sabemos que son la excepción, que las víctimas son en su mayoría gente de la tercera edad o enfermos con padecimientos crónicos: diabetes, hipertensión, epoc, cardiopatías.

Ahora se maneja una nueva hipótesis: la carga viral, según la cual el número de virus que tienes en el interior de tu cuerpo (no sólo coronavirus, sino cualquier otro), te predispone a que el ataque del bicho sea más grave y te pueda llevar a la tumba. Para decirlo de otra manera, eso significa que si tu sistema inmunológico está ocupado combatiendo múltiples microbios prestará poca atención a la aparición del SARS-CoV-2, que puede aprovechar la distracción para hacer estragos en el cuerpo. Esa teoría explicaría la alta mortandad entre médicos y enfermeras, que en los sistemas hospitalarios se exponen al ataque cotidiano de muchos virus.

Más allá de la verdad científica, los gobiernos de todo sesgo han llegado a la conclusión de que una letalidad baja (como la actual) es “aceptable” y que, mientras se producen y se distribuyen las numerosas vacunas que están en fase 3, no hay ninguna razón para volver a cerrar la economía. Eso supone que cuando menos el próximo año viviremos en un mundo en donde tenemos que ir a trabajar y tendremos un cierto riesgo de infectarnos y de morirnos, pero ese percance individual (e irreversible) es el costo social que hay que pagar para que la economía no se detenga y los servicios de salud no se colapsen.

Todo indica que ese mundo será muy incómodo, y puede traducirse en un año más de usar tapabocas, de evitar los lugares concurridos, de tener a los niños en casa (ni para cuándo abran las escuelas), de seguir trabajando por computadora, de tener menores ingresos, de no viajar, y en muchos casos, de soportar leyes secas, toques de queda, y en casos extremos, de volver a los confinamientos.

Esta última medida, volver a encerrarnos, es la más eficaz y sin duda funciona: en Alemania, en Francia, en España, los contagios se han desplomado tras algunas semanas de prisión domiciliaria. Cierto, eso no soluciona el problema, tan solo lo pospone, pero los gobiernos se ven tentados a aplicarla cuando la presión de la opinión pública por el repunte de casos se vuelve abrumadora.

Para el caso de México, que sigue al pie de la letra el mismo modelo (otra vez en dirección hacia el semáforo rojo), el problema más grande es la letalidad, que se acerca al 10 por ciento de los casos confirmados, una cifra “inaceptable”. Hay varias hipótesis al respecto, que voy a detallar en una entrega posterior, para no aburrir al respetable.

Para el caso de Cancún la amenaza mayor se llama Joe Biden. Con el tema de la pandemia como bandera, el presidente electo ha estado punzando a Míster President Donald Trump para que se pongan de acuerdo, alegando que la falta de coordinación puede costar muchas vidas.

Trump sigue en su pataleta, rehusándose a conceder, de modo que parece probable que al tomar posesión Biden imponga medidas para reducir los contagios, que el jueves pasado alcanzaron nuevo récord diario con 198 mil. La plaga en Estados Unidos, vale anotar, tiene proporciones bíblicas: 12 millones de infectados, 250 mil muertes, 70 mil hospitalizados.

Por imagen pública, Biden querrá frenar esa hecatombe. Tal vez no llegue al extremo de imponer un confinamiento (tal vez sí: California ya decretó toque de queda por un mes, que equivale a un confinamiento nocturno), pero sí podría implementar restricciones a los viajes, o su versión más temible, la cuarentena. Canadá hizo eso en el verano: impuso un aislamiento obligatorio de 14 días a los turistas que iban de visita, pero también a los canadienses que salían al exterior, quienes al regresar tenían que aislarse dos semanas. El resultado fue que los canadienses desaparecieron por completo de las playas del Caribe mexicano.

Sin encerrar a nadie, una medida así en Estados Unidos tendría efectos letales en la muy buena recuperación turística que está viviendo Quintana Roo.

Ojalá interceda la Santísima Virgen de Guadalupe para que eso no suceda (hay que recordar que Biden es católico, así que no tenemos que cambiar de santoral para elevar nuestras plegarias). El viernes pasado, López-Gatell anunció que este repunte se va a prolongar por lo menos hasta marzo, pero si la ciencia puede tan poco contra el bicho, es de suponerse que unas rogativas a San Judas Tadeo (el de las causas perdidas), a San Expedito (de las causas urgentes) y a San Roque (de las plagas), serán de alguna utilidad.

 

Recuento de daños

Como si la pandemia del Covid-19, el colapso casi total de los flujos turísticos, la cancelación de las fiestas del 50 Aniversario y el azote consecutivo de tres huracanes no hubieran sido suficientes, noviembre nos obsequió una turba enardecida que asaltó dos veces el Palacio Municipal (con intenciones de prenderle fuego), y destruyó por completo las oficinas de Tránsito.

Los datos duros pueden resumirse así. El caso inicial: el lunes 9 fue convocada una manifestación feminista para protestar por el asesinato de la joven Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, entre sus conocidos Alexis, quien desapareció dos días antes (el sábado 7), y cuyo cuerpo desmembrado fue localizado al día siguiente (domingo 8). La marcha protestó frente a la Fiscalía (con consignas, pintas y bombas molotov), y luego se trasladó a Palacio, que no se encontraba resguardado.

Algunos vándalos lograron penetrar el edificio, extrajeron archivos y les prendieron fuego en la plaza. Cuando la protesta estaba en su clímax, del ala sur del edificio surgió un escuadrón de policías uniformados que cargó contra los manifestantes disparando sus armas al aire.

En la refriega resultaron heridas de bala cuando menos cuatro personas, entre ellas dos periodistas. La multitud se dispersó, pero los elementos de seguridad continuaron accionando sus pistolas, ya sin protesta a la vista. La noticia tuvo un gran eco nacional y fue noticia de portada en todos los diarios y noticieros. Esa misma noche, la alcaldesa Mara Lezama condenó los hechos, señalando que el control de la Policía Municipal lo tiene el gobierno del estado, por el acuerdo de Mando Único. Poco después replicó el gobernador Carlos Joaquín González, quien señaló que no existe subordinación y que la Policía Estatal había sido ajena a los hechos.

En pocas horas, los titulares de Seguridad Pública de Cancún, Eduardo Santamaría, y de Quintana Roo, Alberto Capella, fueron destituidos de sus cargos. La secuela: los colectivos feministas anuncian otra marcha para el domingo 15. Gobernador y alcaldesa deciden blindar el edificio, pero retirar a la Policía para evitar enfrentamientos.

Arriban a Palacio muchos contingentes revueltos: manifestantes, infiltrados, vándalos, curiosos, periodistas. Tratan de penetrar el edificio, pero gruesas planchas de acero, colocadas en cada puerta y ventana (y soldadas a la estructura de concreto), resisten los martillazos y los punzones. Palacio, la estatua de Benito Juárez, el Mural del Zapote de la fachada posterior, la Plaza de la Reforma y la fuente danzante (que ya se tardaron en inaugurar), y de paso la fuente del Ceviche, son pintarrajeados de manera extensiva, pero los daños son menores.

No son tan menores en el edificio de Tránsito, que asalta un grupo bien organizado, logrando prender fuego a unos pocos archiveros. Esta vez de manera coordinada, gobernador y alcaldesa anuncian que no se tolerará el vandalismo y apoyan su dicho con unos cuantos detenidos.

Con algún matiz, esos fueron los hechos concretos. A partir de ahí, se puede llegar a varias reflexiones y la primera, que puedo resumir en una frase, tiene que ver con los colectivos feministas: las mujeres tienen razón. Son acosadas por sus patrones, golpeadas por sus parejas, discriminadas por su género, sobajadas por machos propios y ajenos, y encima están amenazadas de muerte, ya que la posibilidad de ser violadas, asesinadas y descuartizadas es muy real, casi una cuestión de suerte.

Tomemos el caso de Alexis: salió de su casa de día, con la intención de vender un cigarro electrónico. No está claro quién fue su agresor (aunque el viernes ya había detenidos), pero sí está claro que se sintió tan seguro que conservó el celular de su víctima. La muerte violenta de mujeres es un delito que se oculta, que se minimiza, que se manipula en las estadísticas. En Quintana Roo, las autoridades reportaron 18 casos en 2019, pero la activista María Salguero, con un método tan simple como revisar acuciosamente las páginas policiacas de los diarios, sostiene que tan solo en Cancún la cifra asciende a 47 víctimas (cuando menos, dice en su portal).

Además de que se oculta, el feminicidio no se persigue. De acuerdo con el Inegi, entre 2015 y 2018 fueron asesinadas en México 12 mil 378 mujeres (11 cada día), pero las sentencias condenatorias se redujeron a 407 (dos a la semana). En tres de cada 100 casos se hizo justicia, en 97 prevaleció la impunidad. Las muertas de Juárez ya no son noticia: ahora hay muertas en todo el país.

Hay muchas mujeres enfadadas, dispuestas a rayar monumentos y arrojar bombas molotov con tal de hacerse oír. Muchas no están de acuerdo con los actos vandálicos, saben que se trata de mercenarios que responden a los peores intereses, pero asaltar un Palacio Municipal visualiza su causa (las pone en los periódicos y noticieros), cosa que jamás sucedería si se portan bien.

Por último, están desilusionadas del actual gobierno. No les importan las promesas huecas de Andrés Manuel: lo ven como otro macho, y además, como un taimado, que le echa la culpa al neoliberalismo de los feminicidios, y un hipócrita, que simpatiza con la propuesta del fiscal Gertz Manero de eliminar el delito de feminicidio, y convertirlo tan solo en agravante del homicidio doloso.

Eso es importante, porque el gobierno de AMLO está perdiendo apoyo a ojos vistas y enajenarse la voluntad de las mujeres no será un tema menor. En sus buenos tiempos (asumo que los actuales no son los mejores), López Obrador también tomó pozos petroleros y se dio de catorrazos con la policía. Tal vez tendría que prestar más atención a este movimiento, que claramente lo está rebasando… ¡por la izquierda!

 

Historias del bicho

La semana pasada varios lectores me reclamaron que no tocara el tema de la balacera. No lo hice, mea culpa, mitad por confusión, mitad por perplejidad: no quería dar una versión torcida de los hechos. La precaución fue inútil: dos semanas después, tras platicar con autoridades, manifestantes, policías y periodistas, sigo igual de confundido y perplejo. Pero al menos, si no sé las respuestas, creo que podría formular un par de preguntas pertinentes.

La primera, durante el asalto del día 9, ¿quién dio la orden de disparar? Capella dijo que fue Santamaría, Santamaría lo niega sin señalar culpable. Esa es la pregunta clave de la investigación. Sin duda hubo una orden concreta, disparen al aire, pues de lo contrario los gendarmes hubiesen disparado sin ton ni son, incluso sobre la multitud.

Dispararon todos al unísono, en una acción concertada. Sin embargo, la orden solo pudo provenir de los mandos: Capella o Santamaría. Suponer que alguien más dio la orden, un enemigo político de Mara o de Carlos Joaquín, es asumir que la Policía está por completo desgobernada y que obedece órdenes escalofriantes, como disparar en público, emitidas por alguien que no es el superior jerárquico. Al día siguiente de los hechos, tras proteger a Mara, Andrés Manuel pidió paciencia, señalando que él confiaba en la investigación ordenada por el gobernador, a quien calificó de “hombre honesto”.

Pregunta dos, cuya respuesta solo puede ser, otra vez, Capella o Santamaría: ¿quién ordenó llevar armas? O, más bien, ¿quién no se aseguró que los policías fueran desarmados, que dejaran sus armas de cargo en el cuartel? Si, como él mismo dijo, el gobernador ordenó no llevar armas, y otro tanto hizo Mara Lezama, alguien desobedeció en forma flagrante esas instrucciones, y ese alguien sabía que iba a haber balazos, o incluso quería que hubiera balazos. Aquí sí cobra sentido la idea de la Policía desgobernada, infiltrada, corrupta y rejega, puesta al servicio del mejor postor.

Pregunta tres, ¿quién pudo ser el mejor postor? Aquí sí entramos al terreno de la especulación pura y las respuestas pueden ser infinitas, pero todos los actores con quienes hablé están convencidos de que hubo mano negra, aunque difieren mucho al señalar al propietario de la mano. Para algunos fue fuego amigo: el golpe provino de un militante de Morena y el objetivo era lastimar a otra morenista, Mara Lezama, con ganas de complicar su reelección. Quizás si, quizás no, pero lo cierto es que Morena se ha convertido en el partido político más conflictivo, rijoso y desordenado del país, con militantes alérgicos a la disciplina, donde cada quién se siente con derecho a darle hasta con la cubeta a sus enemigos, reales o imaginarios.

Es difícil imaginar que un partido tan dividido pueda tener éxito en la contienda electoral del 2021, pero nadie llama a la conciliación, ni pone orden. En Quintana están todos contra todos, en la búsqueda descarada de cargos y de dinero, y no es descabellado suponer que si no organizaron el zafarrancho sin duda intentaron por todos los medios a su alcance sacar algo de raja y lastimar, lo mismo a la alcaldesa que al gobernador.

Una cuarta pregunta me produce cierta inquietud: ¿quiénes fueron a la marcha? Hablemos primero de los vándalos. No me trago el cuento de que venían de fuera (al menos, no todos), porque equivale a aceptar que aquí todos somos buenos. Los manifestantes, hombres y mujeres, eran locales en su inmensa mayoría, no venían de ningún lado y se portaron bastante extremistas: participaron en los destrozos, y aplaudieron con entusiasmo los excesos. Más que negar su existencia, hay que preguntarse qué falló en este proyecto de paraíso para que haya segmentos que abjuren de Cancún, detesten al gobierno y estén dispuestos a quemar el Palacio. Si asumimos que son de fuera los vamos a borrar de la lista de pendientes, nadie los va a buscar, nadie les va a preguntar qué quieren o qué necesitan. Sería un error costoso, no solo porque compartimos la misma ciudad y no podemos hacer nada para evitarlo, sino también porque son mexicanos que, lo más seguro, encuentran todas las puertas cerradas.

Durante años, hemos oído decir (algunos lo han visto) que la vida en las regiones de Cancún está degradada, que el hacinamiento es terrible, que los ingresos familiares son raquíticos (mucho peor en la pandemia), que impera la violencia doméstica, que las bandas controlan las calles y que todo eso, en conjunto, es una bomba de tiempo.

La última pregunta sería, ¿por qué nos sorprende tanto cuando la bomba estalla?

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