Pretende Aguakan eludir sanciones

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Aguakan

 

  • Aguakan combate en tribunales federales las recientes modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, la disposición establece multas de hasta 2.6 mdp.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En un intento por eludir las multas de hasta 2,6 millones de pesos que se impondrán a las concesionarias que incumplan satisfactoriamente con los servicios de distribución de agua y alcantarillado, la empresa Aguakan combate en tribunales federales las recientes modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales.

Ante el Juzgado Cuarto de Distrito, la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. trata de echar abajo los cambios aprobados por el Congreso de la Unión al artículo 119, fracción 15 del ordenamiento federal, que promulgó el Presidente Andrés Manuel López Obrador el seis de enero pasado.

Con los cambios que se mantienen vigentes desde principios de 2020, cuando se incumple con los términos del contrato se castiga con penas de hasta 26 mil unidades de medida y actualización, para evitar que las concesionarias evadan sus obligaciones.

A la embestida legislativa que pretende erradicar la ineficiencia en la que se encuentra sumida Aguakan, se sumó una solicitud para someter su permanencia a una consulta popular.

El movimiento contra la concesionaria está encabezado por la senadora Marybel Villegas Canché, quien el lunes pasado entregó 50 mil firmas de apoyo al Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), que deberá decidir si el procede o no la consulta pública.

La Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Quintana Roo contempla la realización del ejercicio para someter al escrutinio la posibilidad de retirar el título que le fue otorgado a Aguakan por 30 años, con el cual suministra agua potable y servicios de alcantarillado a 1.15 millones de personas en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen), Isla Mujeres y Puerto Morelos, en la Zona Norte del estado.

La consejera presidenta del IEQROO, Mayra San Román Carrillo Medina, en entrevista confirmó que el organismo recibió la petición oficial de consulta ciudadana para determinar la permanencia de la empresa.

Sobre este trámite el organismo se pronunciará la semana entrante, una vez cumplidos el plazo de 10 días para resolver establecido por  la legislación. “Para determinar sobre la trascendencia y procedencia de dicha consulta”.

Una vez agotado el plazo, el organismo procederá a verificar la autenticidad de las firmas en un ejercicio conjunto con el Instituto Nacional Electoral. “Por lo pronto estamos analizando este escrito y en su oportunidad nos deberemos pronunciar”.

La Ley de Participación Ciudadana exige para ese tipo de consultas recabar firmas que representen el tres por ciento de la lista nominal por cada uno de los municipios.

En Benito Juárez se requieren 18 mil 472, en Solidaridad seis mil 792, en Isla Mujeres 608 y en Puerto Morelos 600; es decir, entre los cuatro municipios se deberá reunir al menos 26 mil 472 firmas de apoyo. La solicitud formal ante el IEQROO duplicó la cantidad de firmas recabadas entre el 16 de octubre al 15 de noviembre pasado.

La empresa Aguakan es la que más quejas acumula ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), por decenas de usuarios que denuncian acusan de aplicar cobros indebidos, facturar el aire que contiene la tubería y disfrazarlo como consumo regular.

Las quejas también acusan a la empresa de incurrir en falta de claridad en los recibos de facturación mensual, en las que realiza periódicamente ajustes al alza de tarifas.

Ante juzgados federales también los usuarios del servicio han denunciado cortes totales de suministro sin que se respete el derecho humano a la niñez; es decir, la empresa corta totalmente el servicio en hogares donde habitan menores de edad o cuando hubo familias confinadas y omitieron realizar un pago durante la etapa de confinamiento social  por el COVID-19. En la mayoría de los casos, los jueces federales han ordenado a la empresa la reapertura  del suministro de agua potable.

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