Estrechan cerco a madre de Roberto Borge

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  • La justicia federal le negó un amparo a la madre del ex gobernador Roberto Borge, lo que abre la puerta para ejecutar orden de aprehensión.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q.ROO.- La justicia federal abrió la puerta a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para detener, cuando así lo disponga, a María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex gobernador Roberto Borge Angulo, sobre quien pesa una orden de captura desde 2018.

La mujer pretendía un amparo que le fue negado sobre una sentencia que la responsabiliza de ser prestanombres y contribuir al enriquecimiento ilícito del ex mandatario estatal, mediante la adquisición de 22 predios pertenecientes a la reserva territorial del estado entre 2012 y 2013.

Los bienes inmobiliarios fueron entregados a precios de remate, en cantidades que iban de entre 137.50 y 200 pesos el metro cuadrado, hasta en cinco veces menos de su valor comercial, casi todos en el destino turístico internacional de Isla Cozumel, terruño del ex gobernador actualmente preso.

La Magistrada Patricia Elia Cerros Domínguez, ponente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito de Quintana Roo, notificó ayer la negativa del manto protector a la madre de Borge Angulo en el proceso de revisión de la sentencia principal decretada el 10 de diciembre de 2018, por delitos de orden común. Misma que le fue notificada el día 27 de ese mismo mes y año.

En respuesta, la inculpada promovió recurso de revisión de esa sentencia el 3 de enero de 2019 y fue hasta después de resolverse diversos incidentes legales de competencia entre juzgados de Quintana Roo y Ciudad de México que finalmente, el recurso fue aceptado por el Segundo Tribunal Colegiado, el 18 de septiembre del año pasado.

Así, pasaron más de 14 meses para que los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado respaldaran por unanimidad la propuesta de resolución de la Magistrada Cerros Domínguez, de dejar firme el sobreseimiento, confirmar la sentencia decretada y negar el pretendido amparo que decretó en su momento el Juzgado Primero de Distrito.

“Queda firme el sobreseimiento decretado en el considerando tercero… En materia de revisión se confirma la sentencia recurrida… La Justicia de la Unión no ampara ni protege”, resolvieron los magistrados.

Los cargos que enfrenta la madre de Roberto Borge Angulo están relacionados con el embargo de 22 predios que mantenía bajo su nombre y que fueron inmovilizados por un Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Quintana Roo: 20 en Cozumel, uno en Solidaridad y otro en Cancún.

Luces del Siglo reportó (el 12 de abril de 2018) la forma en que María Rosa Yolanda Angulo adquirió semejante cantidad de bienes inmobiliarios, de los que seis se hicieron entre 2012 y 2013, cuando Roberto Borge no tenía ni dos años de haber asumido el cargo.

Los movimientos de las propiedades se detectaron mediante 22 folios electrónicos que constató este diario, los cuales quedaron inscritos en las delegaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Cozumel, Solidaridad y Cancún. Uno de ellos, todavía estaba en proceso de compraventa con la empresa Elements Condos Asociación Civil, según la escritura pública 98024 con fecha del 4 de octubre de 2017, cuya operación se realizó ante la Notaría 30 de Playa del Carmen, según el Folio Electrónico 88749.

Al segundo año que Borge inició su gobierno, su señora madre adquirió también un predio en dos millones de pesos según el folio 14906; y tres meses después, el 28 de mayo, otra propiedad por 800 mil pesos, de acuerdo con el folio electrónico 24156.

El 31 de octubre de 2012, adquirió otras dos propiedades en 940 mil pesos, según los folios 10308 y 10318. Para el 21 de diciembre compró un terreno por 300 mil pesos, de acuerdo con el folio 14070 y otro más en 2013, por la cantidad de 470 mil pesos, según el número de registro 2586.

En este mismo caso está vinculada también Claudia Romanillos, ex directora del Instituto del Patrimonio Estatal del gobierno borgista, por su responsabilidad en un caso con un daño patrimonial estimado en 900 millones de pesos.

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