Pone Javier Corral la mira en candidateables ligados a César Duarte

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  • Fiscalía de Chihuahua investiga al Senador Cruz Pérez y la Alcaldesa María Campos, aspirantes a Gubernatura, por presuntos nexos con Duarte.
PEDRO SÀNCHEZ BRIONES / AGENCIA REFORMA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.- La Fiscalía estatal tiene en la mira al senador Cruz Pérez y a la Alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos, por presuntos vínculos con el ex Gobernador César Duarte.

Ambos son aspirantes a la gubernatura de Chihuahua para los comicios del próximo año. Pérez por Morena y Campos Galván, por el PAN.

Una investigación del Gobierno de Chihuahua, a cargo de Javier Corral, concluyó que Duarte usó como “caja chica” una cuenta bancaria del Estado desde la que se desviaron más de 542 millones de pesos para partidos políticos, legisladores, familiares, clérigos y líderes sociales.

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Como parte del expediente, la Fiscalía estatal solicitó ayer el desafuero del senador ante el Congreso de la Unión para que permita al Ministerio Público ejercitar acción penal en su contra.

De acuerdo con la indagatoria, Pérez –ex líder estatal del PAN y ex diputado federal– recibió un millón 300 mil pesos, lo cual rechazó el morenista en enero de 2019, cuando se mencionó su nombre.

Las investigaciones abarcan también a la Alcaldesa de Chihuahua y al secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui, a quienes se presume Duarte habría pagado 10 millones de pesos.

En una misiva enviada al presidente del CEN del PAN, Marko Cortés, el Gobernador Javier Corral detalló que los pagos se realizaron en 2014 y 2015.

“Se trataba de sobornos con el propósito de encontrar su apoyo o evitar su oposición en los requerimientos o necesidades del Ejecutivo frente al Legislativo; entre éstas, la aprobación de deuda pública y de las cuentas públicas de la gestión duartista”, expuso en la carta que ayer se dio a conocer.

Recordó que entre 2010 y 2016 se expedían cheques de hasta 20 millones de pesos que eran depositados a una empresa de custodia para que hiciera llegar el dinero a la Tesorería estatal, desde donde se repartía a servidores públicos, legisladores locales y federales, líderes políticos y candidatos.

“Estas averiguaciones desprenden que, en el contexto de dichos sobornos, María Eugenia Campos, nuestra actual alcaldesa de la Capital, y entonces en su calidad de integrante de la Comisión de Fiscalización del Congreso Local avaló la aprobación de la Cuenta Pública del 2014 señalando la inexistencia de irregularidades en el manejo del patrimonio estatal”, afirmó Corral.

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