Wayeb político: La DEA en Quintana Roo

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ÉDGAR FÉLIX

Con los primeros años del neoliberalismo iniciado en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) los informes de la Drug Enforcement Administration (DEA, por sus siglas en inglés), realizados por las investigaciones de sus agentes asentados en la región de Quintana Roo, y del departamento interno más importante de esta agencia estadounidense antidrogas conocido como el Centro de Apoyo de Inteligencia, informaban del escandaloso lavado de dinero que hacían empresas mexicanas en esta entidad “impulsando el turismo” y la presencia de los violentos brazos armados conocidos como cárteles de estas organizaciones criminales cobijadas por el poder político mexicano.

En México hay 50 agentes de la DEA operando, sobre todo enviando información para cotejar con diferentes fuentes allende la frontera norte, como el Departamento del Tesoro o el FBI. De esa cantidad de oficiales estadounidenses una gran parte operan en la Península de Yucatán y la frontera sur porque Quintana Roo es el paso y asentamiento de envío más importante de drogas hacia Estados Unidos vía marítima, terrestre y aérea.

Desde 2002 un estudio especial sobre la región de Quintana Roo jugó un papel importante en el posicionamiento de las fuerzas operativas para interceptar el movimiento de drogas ilegales hacia los Estados Unidos y contribuyó directamente a los arrestos de dos importantes narcotraficantes.

El apogeo del narcotráfico para esta zona comenzó en los últimos años del sexenio de Salinas de Gortari. Entre los meses de diciembre de 1994 y diciembre de 1996 se incautaron 46 toneladas con 900 kilos de cocaína. Durante ese lapso, la diversidad de rutas y medios de tráfico de cocaína se reflejó en las zonas en las que se realizaron las mayores incautaciones. El estado de Sinaloa registró el mayor volumen de incautaciones durante diciembre de 1994. En 1995, los estados donde se realizaron las mayores incautaciones de cocaína fueron, en orden de importancia: Quintana Roo, Sinaloa, Chiapas, Baja California, Sonora y el Distrito Federal. En 1996 las mayores incautaciones se produjeron en Tamaulipas, Baja California, Veracruz, Durango, Baja California Sur y Chihuahua.

Los informes de la DEA de este entonces explican que el tráfico marítimo de cocaína sale de Colombia hacia México a través de la costa caribeña y el Golfo (de México). El Estado de Quintana Roo es el punto de tránsito más importante del Caribe. Un ejemplo es que en 1995, cuatro operaciones marítimas allí resultaron en la incautación de 4.5 toneladas de drogas. El tráfico de drogas va hacia el Golfo de México directamente a Tamaulipas, y termina en el Río Grande en pequeñas embarcaciones, incluidas balsas inflables. En Tamaulipas, también continúa por tierra hacia los EE. UU. Otra tendencia son los ‘lanzamientos aéreos’ en la costa de Yucatán y la continuación por tierra.

De esos años a la reciente incautación del primero de septiembre de 2020 muy poco o casi nada ha cambiado en ese tráfico de narcóticos, incluida la cantidad de droga asegurada. Tal vez, destaca la participación e investigación de la Marina de México, pero en realidad el flujo de enervantes continúa casi intocable, con todo y agentes de la DEA incluidos.

Por eso hay que preguntarse qué tan importante es la presencia de agentes de la DEA en México, concretamente en Quintana Roo, y qué tan eficiente ha sido durante 12 años que ha funcionado la Iniciativa Mérida la cual desaparecerá después de entregar a México 1 mil 600 millones de dólares en equipos relacionados con la seguridad, capacitación, y apoyo para el desarrollo de sus capacidades. Tan solo en 2018, hace apenas dos años, en Playa del Carmen 200 oficiales de la policía recibieron la papeleta del Certificado Único Policial como producto de este acuerdo internacional y de nada ha servido.

Hace dos años, la Embajada de los Estados Unidos en México, y el gobierno de México anunciaban con bombo y platillo que se habían asociado para implementar un programa básico de capacitación policial en el marco de la Iniciativa Mérida, para más de 100,000 policías primeros respondientes en todo el país, aquí mismo desde un acto oficial celebrado en Playa del Carmen.

Estos acuerdos dan cuenta del fracaso de la Iniciativa Mérida porque en los últimos meses de los gobiernos neoliberales se informaba que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México (SESNSP) ordenaba en octubre de 2016 que toda la policía (aproximadamente 350,000 agentes, de acuerdo a datos del SESNSP) obtuviera la certificación individual CUP para finales de 2019, lo cual no sirvió de absolutamente nada.

Muchos años han pasado desde aquel 1994 cuando los primeros informes de la DEA daban cuenta del constante tráfico de enervantes hacia Estados Unidos desde Quintana Roo hasta las recientes declaraciones del agente especial a cargo de la División de Nueva York de la DEA, Ray Donovan, que señalan a esta entidad como el principal paso de droga hacia su país. ¿De nada ha servido entonces las investigaciones, las incautaciones y hasta la aprehensión de un gobernador por lavado de dinero? ¿Y los certificados de inmaculación a los policías y los 1 mil 600 millones de dólares invertidos por autoridades norteamericanas en México? Por lo visto, han servido muy poco.

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