- Empleados y víctimas de corrupción de la Secretaría de Bienestar en Quintana Roo acusaron que se lucra con programas sociales de la delegación federal.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- Funcionarios de la Secretaría de Bienestar en Quintana Roo fueron acusados de lucrar con los apoyos gratuitos de los programas sociales de la delegación federal, que entrega el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los denunciantes son tanto empleados de la misma dependencia federal como las propias víctimas a las que se exigieron “moches” por registrar, entregar tarjetas con apoyos asistenciales o “saltar” permisos de construcción municipales para ampliación de vivienda, hechos de los que se responsabiliza directamente al coordinador administrativo en Quintana Roo, Francisco González Vásquez.
Según las denuncias que se han hecho a través de grupos en redes sociales, González Vásquez presuntamente encabeza al grupo de personas que piden entre dos mil y tres mil pesos por cada trámite a realizar.
El testimonio de las víctimas está soportado por conversaciones grabadas, pláticas por WhatsApp y cartas escritas de su puño y letra en las que acusan a Diego Morales Martínez, Luis Cárdenas y Julio Carmona supuestamente encabezados por el jefe de región en Cancún, David Alejandro Gamboa Pech. En otra conversación un tal Daniel pide a “Manuel” un apoyo a favor de un familiar.
Según las conversaciones escritas, la entrega de dinero se daba en las viviendas de las víctimas o se les exigía mediante transferencias interbancarias a las cuentas CLABE 1276 9100 1208 8435 67 de Banco Azteca número 3275 0120 8843 56 y con depósitos directos en tiendas de conveniencia a la tarjeta 4027 6653 0085 1988.
Una mujer (con iniciales RG).
En el caso específico de la afectada por este caso, se denunció que tras ser beneficiada con un apoyo para construir el segundo nivel de una vivienda, el cual le fue entregado personalmente por Diego Morales, este le comentó que debía contar con un permiso de construcción municipal que costaría 16 mil pesos “pero que él tenía un buen contacto que me lo iba a dejar más económico”.
Al esposo de la afectada (en otra conversación grabada), Luis Cárdenas le comenta (15 días después de haber pagado el monto exigido) que la obra a realizar no requerirá licencia de construcción. “Para comentarle que ya no van a necesitar permiso y por ende yo le devolvería su dinero. Ya no necesitaría licencia porque hay un convenio del gobierno federal y el municipal. Le voy a devolver el dinero y ustedes no van a tener problema. Usted dígame qué día puedo pasar a su casa o dígame donde nos vemos”. La cita se pacta para el día siguiente de la conversación, a las 19 horas.
En una tercera grabación, la misma víctima afirmó que a su vivienda “se presentó la esposa del señor Luis Cárdenas, el cual me vino a traer tres mil pesos que su esposo me había cobrado, diciéndome que estaba nervioso, tenía miedo, que por eso él no había venido, de cómo se estaba manejando esta situación que está enfrentando hoy día”.
En otro caso, una segunda persona (identificada por sus iniciales DAPP) acusó a Julio Carmona de presionarlo para obtener un depósito de dos mil pesos, con el propósito de retener un crédito a la palabra aprobado en Cancún, debido a que se encontraba confinado por la pandemia del COVID-19 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
El supuesto servidor público le propuso enviar la tarjeta con el apoyo asistencial por mensajería (de un día a otro) previo depósito de dos mil pesos. Al no acceder la víctima, el mismo sujeto lo acusó de “ser una persona sin palabra”, lo bloqueó de la aplicación del chat y le negó cualquier información del destino del recurso público.
En una tercera conversación desde un teléfono móvil, una persona que se identifica como Daniel contacta a “Manuel”, a quien le pide “echar la mano” a una mujer que identifica como Isidra Pérez Hernández, debido a que no le otorgaron el apoyo, cuyo caso se remitió al equipo de un hombre al que identificó como Iván.
Necesito saber si le puedes echar la mano a una señora que la fueron a visitar pero que no le dieron la hoja se la bajaron a mejoramiento, La neta la sr lo necesita y aveses (sic) ya sabes que hay compañeros que no tienen criterio. Es más por ahie (sic) enteré que le dieron el apoyo a algunas personas que no tenían título de propiedad y a otras que están en casas duplues (sic) pero bueno. Quisiera saber si puedo contar contigo la señora te lo va a agradecer con algo bueno… Si es un familiar. Hazme el paro. Ella te va a dar algo bueno… Me dijo que te va a aventar 10 mil.
Este escándalo de corrupción se suma a la denuncia que realizó (en mayo del año pasado) quien fungió como titular del programa Becas Benito Juárez en Quintana Roo, Yoana Cristel Sánchez Aguirre, que denunció malos manejos, amenazas, opresión, acoso laboral y trato déspota en la Coordinación Nacional de Inclusión Social del programa Prospera en Chetumal.
Operador de esta red de funcionarios, Francisco González Vásquez, coordinador administrativo federal de los programas en Quintana Roo, recientemente fue exhibido en un video, en completo estado de ebriedad, pretendiendo chantajear y extorsionar a policías de tránsito del municipio de Puerto Morelos para no ser detenido.
El funcionario viajaba a bordo de un automóvil Chevrolet Aveo, blanco, con matrícula estatal, UTL-295-F y aunque fue insistente en pedir el “apoyo”, los elementos de tránsito no cedieron y entonces recurrió a su celular para pedir apoyo a sus superiores en la delegación y reveló que su jefe es Juan Reyes, secretario particular el coordinador de Programas de Desarrollo del gobierno federal en Quintana Roo, Arturo Abreu Marín, el superdelegado de la 4T.
En la llamada, filmada por un testigo, se escucha a González Vásquez presentarse como la “Mafia” y pide hablar con “Juanito” (Juan Reyes). Ante quien le responde del otro lado del teléfono, González Vásquez acusa a la policía de tránsito de realizar una detención “alevosa”, ya que fue después concluir su labor de entrega de los apoyos asistenciales del gobierno de López Obrador.
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