- Como parte de negociación por outsourcing, Iniciativa Privada propone limitar a un mes de salario las utilidades; gobierno plantea 4 meses.
JORGE CANO / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- El reparto de utilidades que discutirán empresarios y gobierno como parte de la negociación por outsourcing se debe conservar como derecho de los trabajadores, pero puede mejorarse para que las empresas cumplan con la obligación, según expertos.
La Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) podría toparse respecto al tamaño de la empresa, el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) o estableciendo un límite por salario, de acuerdo con un sondeo entre fiscalistas.
Cuando se aprobó posponer el dictamen de la reforma al outsourcing se dijo que se buscaría que la PTU fuera proporcional, equitativo y sin espacio a la discrecionalidad.
Para Ricardo Martín González, socio de Martín, Isla, Pickering abogados, lograr estos principios es complicado debido a que el esquema sólo existe en tres de los 36 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Únicamente se otorga en Francia, Chile y México.
“Cuando se contrata un trabajador, no es accionista de la empresa, no ha aportado dinero de su capital, no es proporcional que se le tenga que pagar una utilidad”, indicó.
No obstante, para hacer más justo este derecho, la Iniciativa Privada pretende limitar a un mes de salario el pago de la PTU —si es que hay utilidades—, mientras que el gobierno pretende que sean cuatro. Es previsible que se acuerde un punto medio de dos meses, estimó.
Otra idea sería limitar el reparto según el tamaño de la empresa, para que paguen un menor porcentaje de utilidad según la facturación anual.
“Así como las personas físicas que pagan ISR dependiendo del nivel de ingresos, así debería de funcionar la PTU, entre más utilidad más pagas, por lo que no es proporcionar que una empresa de rajatabla pague 10 por ciento”, aseveró Martín González.
Joan Borbolla, director de B&B consulting, añadió que dependiendo de la facturación anual el fisco podría determinar el tamaño de una empresa, mientras que la Secretaría del Trabajo determinaría un rango diferenciado a pagar de la PTU.
En tanto, Carlos Rivas, director de Impuestos de la firma Carbajal Bermúdez, estimó que el reparto debería de reducirse dependiendo del pago de ISR de cada empresa.
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