- Ven simulación en pelea jurídica, pretenden mantener vivo el contrato de la recoja de basura para hacer efectiva una indemnización por casi 675 mdp.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- Con un par de juicios contenciosos en marcha ante la justicia administrativa de Quintana Roo, Intelligencia México, S.A. de C.V. pretende mantener vivo el contrato de la recoja de basura para hacer efectiva una desproporcionada indemnización municipal por casi 675 millones de pesos, de acuerdo con las fórmulas establecidas en el contrato.
A través de estos recursos legales, la empresa pretende que se anule la declaratoria de “emergencia sanitaria” con que el municipio de Benito Juárez justificó la intervención del servicio de recoja de basura, prescindiendo temporalmente de la concesionaria que vino operando de forma deficiente por no contar con la infraestructura y la logística adecuada.
Pero su pretensión de que se anulara la primera intervención temporal del servicio de recoja ―decretada por el Cabildo benitojuarense el 15 de octubre pasado―, fue “sobreseída” por la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Quintana Roo.
En respuesta, Intelligencia México solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el sentido de la sentencia de la Sala Unitaria, el cual se ventila ahora en la ponencia del Juzgado Cuarto de Distrito del Vigésimo Séptimo de Circuito en el Estado de Quintana Roo, que de entrada ya le negó la suspensión provisional mientras analiza si estudia, o no, el fondo del asunto que es la anulación de la intervención municipal de los servicios de limpia.
En el segundo juicio contencioso administrativo, la empresa pretende defender la validez del título-contrato que le otorgó (por un plazo de 20 años) Remberto Estrada, en 2017, especialmente donde se establece la millonaria indemnización por una terminación anticipada del convenio.
Intelligencia México está vinculada al ex alcalde interino de Cancún, Carlos Canabal Ruiz, quien gracias a sus influencias obtuvo la concesión en un proceso ilegal al que se prestó el gobierno municipal de Remberto Estrada, del Partido Verde Ecologista, y los integrantes de la XV Legislatura local que le entregaron el negocio de la recoja de basura por un plazo de 20 años.
Lo cierto es que desde el principio la empresa no contaba con la infraestructura para operar el servicio de limpia de Cancún, ya que mientras que en el contrato reportó la operación de 60 camiones recolectores, en realidad operaban con 30, pero lo más grave es que, en complicidad con autoridades municipales, reportaron toneladas de basura en camiones vacíos, “cargas fantasma” como lo denunciaron recolectores durante la huelga de octubre pasado.
Por este servicio deficiente y simulado, la empresa tuvo ingresos por más de un millón de pesos diarios que fueron pagados puntualmente y hasta adelantados por el gobierno de la alcaldesa María Elena Hermelinda Lezama Espinosa.
Durante el proceso legal, el ayuntamiento benitojuarense ha incurrido en postergar el análisis al retrasar la entrega de los informes solicitados por el juez Ricardo Ruiz Del Hoyo Chávez, con lo cual se ha aplazado un par de ocasiones la audiencia constitucional, misma que se tiene programada para el próximo día 23.
Hay otro proceso administrativo abierto con el cual Intelligencia México trata también de desvirtuar la intervención total decretada por el Cabildo municipal la noche del pasado lunes, pero correría la misma suerte que el primero. El caso se mantendrá vivo pues de decretarse el sobreseimiento de ambos procesos, la empresa podría recurrir a la revisión ante un tribunal de alzada, lo cual seguiría en una simulada pelea por los siguientes meses.
“Mientras el ayuntamiento no presente un juicio de lesividad para impedir la indemnización a la empresa y se le sancione por las irregularidades cometidas, lo demás es simulación porque sigue y no se le quiere sancionar por incumplir con el contrato de la concesión”, consideró la senadora Marybel Villegas Canché.
Por lo mismo, adelantó que promoverá un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Senado para exhortar a la alcaldesa Hermelinda Lezama promueva un juicio de lesividad en contra la empresa y aplique las sanciones correspondientes.
Juristas consultados por Luces del Siglo coincidieron que los recursos legales de la empresa son una mera “simulación”, debido a que “quiere dejar vivo el documento y, sobre todo, la cláusula XIX firmada entre el organismo Solución Integral de Residuos Sólidos (SIRESOL) e Inteligencia México, S.A. de C.V., el 15 de mayo de 2017.
La simulada pelea jurídica, insistieron, se ha dado ante la falta del emplazamiento de un juicio de lesividad por parte de la alcaldesa.
A la alcaldesa de Cancún se le ha exigido actuar de inmediato en lo jurídico pero ha guardado silencio y mantiene en reserva la información sobre las condiciones en que se contrató el servicio de recolección de basura. Igualmente ocurre ahora con la empresa Red Ambiental, de cuyos términos de contratación nada se ha transparentado.
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