Litigan reglas de Coneval

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Litigan reglas de Coneval

 

  • Un juez federal admitió a trámite una demanda de amparo que busca la autonomía del Coneval, responsable de la medición de la pobreza en México.
VÍCTOR FUENTES AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Un juez federal admitió a trámite una demanda de amparo que busca la autonomía del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), principal responsable de la medición de la pobreza en México.

El artículo 26 de la Constitución prevé la autonomía del Coneval desde febrero de 2014, y el Congreso tenía 60 días para designar a los siete Consejeros del nuevo órgano, así como 120 días para expedir la ley reglamentaria respectiva, pero hasta la fecha no se ha cumplido ninguno de los mandatos.

Por lo tanto, el Coneval sigue siendo un órgano descentralizado adscrito a la Secretaría de Bienestar y sujeto al mando jerárquico del Presidente de la República, en vez de contar con un presidente con plazo fijo hasta por 10 años y seis consejeros todos designados por el voto de dos terceras partes de la Cámara de Diputados.

Germán Cruz, juez segundo de Distrito en Materia Administrativa, admitió el 10 de diciembre un amparo que reclama esta omisión, promovido por una maestra en Economía y Gestión Municipal egresada del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y emplazó al Congreso a defenderse.

El juicio podría tomar un año, o más, si el Poder Judicial prolonga las restricciones por la pandemia de Covid-19 en los tribunales de la Ciudad de México, que actualmente operan con guardias y sólo tramitan asuntos urgentes.

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La falta de autonomía del Coneval se manifestó en julio de 2019, cuando el entonces secretario ejecutivo Gonzalo Hernández Licona fue removido del cargo por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien designó a José Nabor Cruz.

Días antes, Hernández Licona había publicado un artículo en el que advertía que los recortes presupuestales impuestos por el Gobierno amenazaban la capacidad del Coneval para cumplir su función de evaluar las políticas sociales y medir la pobreza.

La Suprema Corte de Justicia ya tiene varios precedentes en los que ha ordenado, por medio de amparos presentados por particulares, el cumplimiento de mandatos Constitucionales o legales para emitir normas.

De los primeros, destacan la Ley General de Comunicación Social, ordenada por la Primera Sala de la Corte ante el incumplimiento a otro artículo transitorio de la misma reforma Constitucional de 2014 que previó la autonomía del Coneval, así como una ley para reglamentar las consultas a pueblos indígenas previstas en la Carta Magna desde 2001, que la Segunda Sala ordenó emitir en varios amparos otorgados este año.

El reglamento para uso medicinal de la cannabis, en tanto, debió ser expedido por el Ejecutivo desde mediados de 2017. La Segunda Sala le ordenó a la Secretaría de Salud emitirlo, por medio de un amparo concedido en agosto de 2019, pero si bien ya publicó un proyecto, el Gobierno aún no ha publicado dicha norma.

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