- Recolectores informales de chatarra inician una larga cadena de evasión fiscal y sobreprecios, con poco o nulo beneficio para ellos.
JORGE CANO / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Recolectar y vender chatarra y fierro viejo es una actividad de la que viven millones de personas que en su mayoría tiene alguna condición de vulnerabilidad, como indigentes, tercera edad, menores y hasta migrantes.
Sin embargo, con ellos se inicia una larga cadena de evasión fiscal y sobreprecios de lo que sólo los de arriba se benefician.
En el país hay alrededor de mil empresas grandes o medianas dedicadas al reciclaje con los certificados para vender directamente a las empresas fundidoras, según el Instituto Nacional de Recicladores (INARE).
Sin embargo, debajo de éstas hay cerca de 100 mil pequeños intermediarios que no cuentan con licencias y compran la chatarra a recolectores informales.
Estos intermediarios venden la chatarra metálica a empresas recicladoras, las cuales en ocasiones recurren a facturas falsas, pues hacen la compra de manera informal, explicó un ex funcionario del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Simulan comprar una aleación en lugar de chatarra y registran precios inflados para aparentar que se pagó el IVA para luego deducirlo.
Posteriormente, la recicladora vende el metal a una recicladora más grande y certificada que, a su vez, lo vende a los hornos fundidores.
De acuerdo con el ex funcionario, la falta de un criterio que establezca facilidades fiscales para los recolectores o exenciones fiscales por su actividad es el primer eslabón de una cadena que detona una defraudación millonaria.
En 2013 hubo un intento por formalizar a los recolectores mediante la obligación del adquiriente del material de inscribir al recolector en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), pero la medida no dio resultado.
Los recolectores han solicitado exenciones fiscales a través de la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon), pues contar con un esquema fiscal especial les permitiría formalizarse sin vulnerar las escasas ganancias que obtienen por su actividad.
Según documentos oficiales, más de 100 recolectores presentaron ante la Prodecon quejas sobre cómo los elevados costos de formalización han incrementado el comercio informal de chatarra y la compra de facturas falsas en la industria.
Carlos Romero, procurador Fiscal de la Federación, explicó que es responsabilidad del SAT identificar los esquemas de defraudación y avisar a la Procuraduría, algo que hasta ahora no ha sucedido.
“No tengo identificado este tema dentro de los asuntos que hemos iniciado”, comentó.
El uso de facturas falsas en la industria representa también competencia desleal para los recicladores formales que pagan impuestos y seguro social a sus empleados, aseguró Antonio Martínez, reciclador de Torreón.
Reveló que existen empresas factureras que cobran entre 3 y 10 por ciento del valor de la factura, dependiendo del estatus de la empresa emisora.
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