Desacató Heyden orden judicial

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  • Heyden José Cebada Ramírez incurrió en el desacato de una suspensión definitiva que le ordenó frenar la construcción en Benito Juárez.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En un desafío a la justicia administrativa de Quintana Roo, el director general de Desarrollo Urbano del municipio Benito Juárez, Heyden José Cebada Ramírez, incurrió en el desacato de una suspensión definitiva que le ordenó frenar la construcción y la operación de una estación de gasolina que incumplió con la reglamentación urbana.

El caso que fue denunciado ante el Juzgado Séptimo de Distrito puso en evidencia el desdén con que actúo el funcionario del gobierno de Cancún para evitar obedecer una resolución que le ordenó la Tercera Sala Unitaria, para suspender la licencia de construcción, proceder a la clausura e inspeccionar, vigilar y tomar las medidas necesarias que evitaran la operación de una estación de Combustibles Maya, S.A. de C.V.

Pero el servidor público incumplió acatar la orden del Tribunal de Justicia Administrativa con la justificación de que debió hacerlo la persona moral y no el área de gobierno que encabeza. Incluso, entregó la terminación de obra que permitió el inicio de operaciones comerciales de la empresa.

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El incumplimiento de la referida interlocutoria favoreció a Melisa Yazmín Chan Pérez, quien bajo el expediente TJA/QR-SU3-089-2019 venció al funcionario municipal, luego de demostrar violaciones al Reglamento de Construcción en la estación de servicio ubicada en la Av. Kabah, Lote 11-01, Manzana 2 de la Supermanzana 59.

La suspensión definitiva se dio luego de que se agotó también el recurso de reclamación 109/2019, de ahí que la resolución original quedó firme el siete de agosto de 2019, en el sentido de ordenar a Heyden José Cebada Ramírez tomar las medidas necesarias para evitar que la empresa moral siguiera edificando y evitar el inicio de operaciones comerciales.

Lejos de acatar la interlocutoria y darle cumplimiento, el servidor público consintió la construcción hasta que concluyó y expidió la terminación de obra avalada mediante el oficio DNOAC/S-1883/2019, expedido el 2 de junio pasado, en pleno confinamiento decretado por la pandemia del Covid-19.

La denuncia del caso fue turnada al juez Darío Alejandro Villa Arnaiz, en la que se señaló como responsable de violar la suspensión al director municipal de desarrollo urbano, aunque también a la Tercera Sala Ordinaria por su omisión de verificar el cumplimiento de lo que había ordenado.

Al tratar de exculparse del incumplimiento de la resolución, el funcionario municipal planteó que paralizar los trabajos de construcción correspondía únicamente a la empresa y no a la autoridad, y que la terminación de obra entregada “no lo emitió de forma ilegal”, ya que es una atribución de la secretaría municipal de Ecología.

A su vez, la Tercera Sala justificó la falta de verificación debido a que “no cuenta con atribuciones para iniciar oficiosamente el procedimiento para vigilar y tomar las medidas necesarias para que se acate la medida cautelar”, pues ese supuesto únicamente es aplicable para sentencias definitivas.

Inclusive, la magistrada titular del órgano colegiado dijo que “el personal de la sala responsable no se encontraba facultado para realizar diligencias extraordinarias, máxime que no tenía conocimiento del presunto incumplimiento a la medida cautelar”.

En el análisis del caso se contempla que la quejosa pudo, además del amparo, interponer recurso de queja cuando se restablecieron las labores en el tribunal que estuvieron suspendidas por la contingencia sanitaria entre el 23 de marzo y el 17 de agosto pasado

El análisis está a cargo del Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Quintana Roo, quien resolverá si otorga o no una suspensión definitiva a la quejosa.

El artículo 167, fracción III, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, establece que para asegurar el cumplimiento de las resoluciones se puede declarar la nulidad de lo realizado por las autoridades impugnadas, que sería el otorgamiento de la licencia de terminación de obra.

Se podría también dar vista a la Fiscalía General del Estado, al órgano interno de control municipal y al superior jerárquico del funcionario responsable, o pudiera decretarse una multa económica, aunque dependerá de la gravedad del incumplimiento.

Incluso, cuando el afectado lo solicite se prevé también tener acceso a una indemnización por daños y perjuicios que en este caso debería cubrir el Ayuntamiento de Benito Juárez.

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