- Diputados se aprobaron una partida discrecional por 75.5 millones de pesos para ‘ayudas sociales’; Comité de Participación Ciudadana quiere revertirlo.
RUBÉN TORRES
CANCÚN. Q. ROO.- Como el Congreso estatal no está facultado para implementar programas de apoyos sociales, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción interpuso un amparo para revertir una partida discrecional de 75.5 millones de pesos que se aprobaron los diputados de la XVI Legislatura bajo ese concepto en el presupuesto 2020-2021.
Integrantes del Comité explicaron que bajo esa partida, denominada “Ayudas Sociales”, los legisladores quintanarroenses pueden manejar el dinero a su consideración, sin que sea fiscalizado, y muy probablemente utilizado para fines electorales.
Cynthia Dehesa Guzmán, presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción, informó que para frenar esas acciones se presentó un recurso de amparo ante el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de Cancún, con el cual se busca frenar esa partida y no puedan echar mano de esos recursos de forma “discrecional, clientelar, discriminatoria y alta opacidad”.
Janet Aguirre Dergal, Mariana Vello y Rosa María Cruz, integrantes del Comité de Participación Ciudadana, coincidieron en que los diputados pueden caer en la tentación de manejan los recursos en tiempos electorales y actuar de cualquier manera.
“Lo que se pretende es saber cómo gastarán y en qué los recursos de los ciudadanos en aras de la transparencia”.
Mariana Bello agregó que no se trata de un exhorto, sino que es una estrategia jurídica bien sustentada.
“Teníamos que esperar la temporalidad, primero que se aprobara el presupuesto, posteriormente se publicara en el Periódico Oficial y así poder actuar luego que nos asesoramos con especialistas en la materia y acudir ante los tribunales”.
De acuerdo con Bello, los 75.5 millones de pesos que se adjudicaron los legisladores representan el 15 por ciento del presupuesto total destinado al Congreso para ayudas sociales, y con esa cantidad se podría atender las necesidades financieras de varios institutos y tres universidades del estado juntas en un año”.
Por su parte, Dehesa Guzmán explicó que las políticas públicas para atender necesidades sociales son exclusivas del Ejecutivo del Estado.
“Ahora la sociedad civil y el Ejecutivo acordaron trabajar de la mano para fiscalizar el destino de esa clase de partidas, para que no se usen en beneficios partidistas, sobre todo en momentos de campañas electorales, como ya ha ocurrido. “No nos oponemos a la implementación de programas para la atención de los problemas sociales, sobre todo después de lo que pasó el año anterior como los fenómenos meteorológicos, los desastres naturales y la persistencia del coronavirus que sigue presente en Quintana Roo”, puntualizó.
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