Pruebas contra Lozoya se ‘extravían’

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Lozoya

  • En la investigación de los sobornos de Odebrecht, a la FGR se le “extraviaron” la evolución y declaraciones patrimoniales de Emilio Lozoya.
ABEL BARAJAS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la investigación contra políticos y ex legisladores que presuntamente recibieron sobornos de Odebrecht para aprobar la reforma energética, a la Fiscalía General de la República (FGR) se le “extraviaron” la evolución y declaraciones patrimoniales de Emilio Lozoya.

De acuerdo con informes del Poder Judicial de la Federación, en la indagatoria aparece un oficio que especifica la inclusión de esos documentos; sin embargo, las 51 páginas con la información patrimonial del ex director de Pemex no están agregadas en el expediente.

El ex senador panista Jorge Luis Lavalle solicitó a un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte una audiencia, cuyo propósito es hacer comparecer a los fiscales federales para que expliquen por qué omitieron u “ocultaron” dichas pruebas.

De momento, el juez responsable de la solicitud no ha acordado una fecha de audiencia, debido a la pandemia de Covid-19.
El oficio que menciona la inclusión de los documentos de la Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene el número de folio FGR-SEIDF-DGAE-736-2019 y fue recibido el 24 de mayo de 2019 por José Luis Montiel Echeverría, agente de la Policía Federal Ministerial.

Está incluido en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, iniciada el pasado 11 de agosto por la Coordinación General de Investigación de la FGR, por una denuncia de hechos de Lozoya.

El reclamo de estos documentos llegó hasta la justicia federal porque Lavalle antes los pidió a la FGR; sin embargo, el 23 de enero ésta rechazó proporcionarlos, argumentando que el oficio no tiene relación con la investigación contra los políticos y ex funcionarios denunciados por el ex funcionario.

La evaluación y declaraciones patrimoniales omitidas en esta indagatoria fueron clave para que la SFP inhabilitara al ex director de Pemex por un periodo de 10 años para ocupar cualquier cargo público a nivel federal, una sanción dictada en mayo de 2019.
El pasado 26 de enero Lavalle estaba citado para una audiencia inicial donde la FGR iba a imputarle los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, derivado de la denuncia que Lozoya presentó el 11 de agosto pasado.

No obstante, un día antes la FGR solicitó cancelar y diferir indefinidamente dicha diligencia, ya que reportó que los fiscales que formularían la imputación tenían síntomas de Covid-19.

En la querella presentada por Lozoya, en la que busca el criterio de oportunidad o inmunidad penal, acusa a 16 políticos y ex altos funcionarios de ser los destinatarios del dinero que en un primer momento él recibió de la constructora Odebrecht.
En esa lista incluye al ex Secretario de Hacienda Luis Videgaray y los panistas Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez, Ricardo Anaya y Jorge Luis Lavalle, así como a David Penchyna, José Antonio Meade, Ernesto Cordero, José Antonio González Anaya y Carlos Treviño.

La finalidad de los sobornos era que el Gobierno de Enrique Peña Nieto consiguiera la probación de las reformas estructurales en el Poder Legislativo, según el denunciante.

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