‘Mafia agraria’ esfumó 2 mil ha

518
‘Mafia agraria’ esfumó 2 mil ha
  • Durante los últimos 30 años, la “mafia agraria” de Quintana Roo ha traficado y despojado a miles de ejidos.
ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Durante los últimos 30 años, la “mafia agraria” de Quintana Roo ha traficado y despojado a miles de ejidos una superficie levemente superior a dos mil hectáreas, concluye un amplio estudio del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) dado a conocer esta semana.

El grueso documento señala como principales responsables a Roberto Borge Angulo, Ivonne Ortega, Jorge Carlos Ramírez Marín, y a familias que han acaparado grandes extensiones de tierras como los Chapur, los Abraham, los Hernández, los Millet y los Ponce; así como los Coldwell.

Titulado “Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán”, el estudio revisa desde 1993 la posesión de tierras en esta región y detalla el “modus operandi” mediante la revisión de las actas ejidales de la “mafia agraria” para apropiarse de grandes extensiones de tierra en este proceso abrumador de desarrollo inmobiliario que ha desplazado a los dueños originales de estas tierras y cuyo valor asciende a miles de millones de dólares.

Elaborado por los investigadores Gabriela Torres-Mazuera, Sergio Madrid y Raúl Benet Keil, el documento concluye que la seguridad jurídica privilegia al sector empresarial, aunado al uso fraudulento de la Ley Agraria por parte de una “mafia agraria” integrada por funcionarios y empresarios que ha permitido la apropiación de tierras de uso común, parcelas ejidales y terrenos nacionales en detrimento de la población maya y campesina de la región, similar a una superficie integrada por 280 mil campos de futbol soccer.

Desde las modificaciones a la Ley Agraria en 1992 y hasta mayo de 2019, en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, un total de 22 mil 660 parcelas, con una superficie de 192 mil 600 hectáreas de tierra ejidal dejaron de ser de propiedad social y se convirtieron en propiedad privada.

Aunado a ese proceso, 355 mil 304 hectáreas de tierras de uso común ejidal fueron parceladas en la región y apropiadas por diversos actores del sector ejidal, gubernamental y empresarial. A la par, otra superficie considerable ha pasado a manos privadas: la de los terrenos baldíos y terrenos nacionales (no cuantificada, dada la falta de documentación oficial)

Los cambios de destino promovidos en Quintana Roo han involucrado ejidos muy específicos que han realizado estas acciones en superficies mayores a las 10 mil hectáreas en momentos precisos y corresponden al desarrollo turístico y urbano de la entidad. Entre estos ejidos destacan Isla Mujeres, Playa del Carmen, Jacinto Pat (Tulum), Tulum, Puerto Morelos y Benito Juárez.

De acuerdo con abogados de la región, la respuesta a esta anomalía está en quien fuese el secretario de la Sedatu entre 2012 y 2014: Jorge Carlos Ramírez Marín. Dicho político priista de origen yucateco se apropió de grandes extensiones de tierras ejidales en Yucatán y en Quintana Roo, en ejidos con valor para el desarrollo inmobiliario y turístico.

Durante esos años, las delegaciones peninsulares del RAN y la PA estuvieron al servicio de los intereses empresariales vinculados a Ramírez Marín. Es justamente entre 2012 y 2015 que se registra un aumento de actas de asambleas que validan cambios de destino y que incurren en diversas ilegalidades que involucran ejidos con tierras de enorme valor comercial, muchas de las cuales siguen en litigio en la actualidad.

Entre los ejidos con actas de asambleas calificadas que promueven cambios de destino en este periodo encontramos: Isla Holbox, Península Holbox, Chunyaxche, Chiquilá, Tulum, Alfredo Bonfil, Playa del Carmen y Tres Reyes en Quintana Roo; Hopelchén en Campeche, y Muxupip, Komchén, Yaxkukul, Hunucmá, Chablekal, Ucu, Motul Caucel, Samahil, Seyé y Valladolid en Yucatán

Revela el estudio que entre la “mafia agraria” destacan inversionistas de Monterrey y otros estados del norte del país, encabezados por el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, quien es socio en diversos proyectos agroindustriales en la región, como la empresa norteamericana Cargill y la empresa Enerall. Los banqueros, encabezados por Roberto Hernández, quien tiene la afición de coleccionar las haciendas que aún quedan, de las más de mil que hubo en la Península durante el porfiriato.

Entre los procesos de privatización ejidal que analiza el documento están: a) el programa Procede (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares), que abrió al mercado las tierras de los ejidos que aceptaron parcelar sus tierras -incluidas aquellas que tenían cubierta forestal-, debilitó la gobernanza comunitaria y facilitó la venta de los llamados “terrenos nacionales”; b) un creciente proceso de parcelamiento de tierras de uso común en los ejidos; c) la operación de una “mafia agraria”, integrada por funcionarios de la Procuraduría Agraria, los gobiernos estatales y empresarios, que lograron un inusual aumento de cambios de destino de tierra y procesos de parcelamiento a través de asambleas ejidales que fueron rápidamente inscritas en el RAN, gracias a lo cual ejidos de enorme valor comercial se privatizaron: Isla Holbox, Península Holbox, Tulum y Playa del Carmen principalmente.

En ese mismo sentido, d) la creación de nuevos asentamientos humanos para evadir las restricciones de la Ley Agraria y el dictamen de Semarnat; e) la división de ejidos para crear nuevos núcleos agrarios como simulación legal de la venta de tierras de uso común; f) los contratos de usufructo por hasta 60 años para proyectos privados de generación de energía, firmados sin asesoría legal para los ejidos, sin las formalidades especiales establecidas por ley, y de manera desventajosa e incluso sin consulta de por medio; en estos contratos, las empresas eólicas y solares recurren a intermediarios, que son quienes hacen los contratos y elaboran las manifestaciones de impacto ambiental;

Asimismo, g) la creación de Sociedades de Producción Rural, con las que los grandes productores de cerdos y aves acceden a las tierras ejidales, y h) la expropiación de tierras, mecanismo utilizado por los gobiernos para impulsar el desarrollo de megaproyectos.

El documento analiza también el impacto de estos procesos de privatización en las comunidades. Si bien, algunos ejidatarios han participado y avalado estos procesos, el control empresarial abusivo ejercido por la mafia agraria entre 2012 y 2018 comenzó a generar molestia, por lo que a partir del año 2016 surgieron resistencias y conflictos al interior de los ejidos frente a la venta desmedida de tierras.

La resistencia viene no sólo de parte de los propios ejidatarios, sino también de los habitantes de los núcleos agrarios sin derechos agrarios, quienes pierden sus medios de vida con la continua privatización de las tierras.

“La privatización de las tierras de uso común tiene una fuerte repercusión social y ambiental para la región y para México como país. Por un lado, los ejidatarios y sus familias pierden su patrimonio más preciado a cambio de un dinero que se gasta rápidamente; por otro lado, están las personas avecindadas y residentes; es decir, jóvenes, mujeres, niños y niñas rurales sin derechos agrarios. Este sector de la población ha sido marginado de la toma de decisiones sobre el destino de las tierras ejidales, cuya venta les deja casi nada en términos de beneficios económicos, pero, en cambio, les afecta sustancialmente en el desarrollo de su vida presente y a futuro”, explica Sergio Madrid, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

Ante esta problemática, se requiere una respuesta contundente, bien articulada en una nueva política nacional agraria por parte del gobierno actual. Esta política debe ponerle un alto total a la “mafia agraria”, revertir procesos ilegales de privatizaciones de las tierras de uso común ejidal y fortalecer a los núcleos agrarios y su gobernanza interna.

Te puede interesar: Niegan devolución de terreno a Millar