Quitarán a Legislativo gasto en ayudas sociales

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Quitarán a Legislativo gasto en ayudas sociales
  • Las ayudas sociales de los legisladores locales se aprecia discrecionalidad en las decisiones del destino de los recursos públicos, sin controles.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción en Quintana Roo inició una batalla jurídica para retirar el discrecional presupuesto de “Ayudas sociales” del Congreso local, que tan sólo para este año representa una bolsa de 75.5 millones de pesos.

El recurso público impugnado forma parte del Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo aprobado para 2021, el cual supera en monto a otros programas de ayuda o gasto social, como lo destinado al rezago educativo (42.9 mdp), atención a víctimas (18.7), desarrollo del Pueblo Maya y Comunidades Indígenas (18.2) o atención a la juventud (15.4), prevención y atención de las violencias contra mujeres y niñas (12.8) o violencia de género contra las mujeres (3.5).

Para la presidenta del CPC (también directora de Ciudadan@s por la Transparencia), Cynthia Dehesa, y los consejeros Mariana Bello (Observatorio de la Gobernanza para la Cooperación y el Desarrollo), Janet Aguirre (consultora en la elaboración de políticas públicas) y Raúl Cazares, el denominado “rubro 4400” nada tiene que ver con las funciones legislativas.

El citado gasto carece de fundamentación que emane de la ejecución de alguna ley o programa gubernamental, y únicamente los recursos se ponen a disposición de cada uno de los legisladores “para que decidan unilateralmente su destino y sus posibles beneficiarios”, sin que se contemple en los rubros de gasto de órganos o unidades administrativas para las funciones propias del Legislativo.

En un par de amparos interpuestos ante los juzgados Sexto y Octavo de Distrito de Quintana Roo se enumeraron las acciones que deben implementarse para prevenir la corrupción y adoptar medidas para evitar la vulnerabilidad de derechos vinculados a hechos de corrupción, además de medidas que se deben adoptar para prevenir otros hechos.

“La pretensión de este amparo es que se obligue al Estado a cumplir con la obligación a su cargo de combatir la corrupción y de restituir el orden constitucional y convencional vulnerado, en beneficio de la ciudadanía en general. Así, el cumplimiento de las obligaciones y de los principios, valores, fines y responsabilidades constitucionales por parte del Estado, relacionados con la administración de recursos públicos y el combate a la corrupción, cuya materia atañe y concierne en lo específico a los integrantes del CPC”.

En esa obligación de promover acciones de prevención, se actualiza con la identificación de situaciones o condiciones que pudieran constituir posibles actos o hechos de corrupción, como pudiera darse en el rubro “4400 Ayudas sociales”.

De acuerdo al documento al que tuvo acceso Luces del Siglo, las ayudas sociales de los legisladores locales “se aprecia discrecionalidad en las decisiones del destino de los recursos públicos, sin controles, con falta de transparencia, ausencia de reglas que establezcan a los destinatarios del beneficio y su forma de tratamiento”.

Las condiciones en que se brindan los apoyos, se agrega, afectan la seguridad jurídica, condicionan la toma de decisiones, establecen tratos arbitrarios y discriminatorios e impiden su control, una adecuada rendición de cuentas y el escrutinio ciudadano.

En los juicios se invocó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que combate la falta de transparencia de la gestión pública que facilita la corrupción e impide el control ciudadano y del escrutinio de los medios de comunicación, de ahí que se deben adoptar medidas para corregirlo.

Los consejeros coincidieron que la corrupción, opacidad, derroche y deshonestidad afecta también el derecho humano al desarrollo, de ahí la necesidad de que se adopten medidas para prevenir, investigar y sancionar hechos de corrupción para asegurar una mejor fiscalización y control de los recursos públicos.

Recordaron que el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, además de la fiscalización y control de recursos públicos, y para su cumplimiento se establece se deberá contar con un Comité Coordinador y un Comité de Participación Ciudadana, éste último como instancia de colaboración.

“Esto nos legitima como ciudadanos para exigir que las autoridades responsables se ciñan a la regulación constitucional y a la Ley Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo”.

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