Decepcionan consejeros ciudadanos anticorrupción

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Decepcionan consejeros ciudadanos anticorrupción
  • Cada uno de los cinco integrantes del CPC del Sistema Anticorrupción gana 95 mil pesos mensuales, oculta información y no da resultados. 
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Desde su llegada hace un año a la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo, Cynthia Dehesa Guzmán mostró cuáles eran sus prioridades.

Entre los primeros acuerdos que asumió como presidenta estuvo cotizar un teléfono celular, modificar la estructura y el contenido de la página de internet y sustituir el logotipo y la imagen gráfica del organismo para atender “comentarios negativos”.

Las acciones secundadas por los otros cuatro consejeros fueron que ellos mismos pagarían por el aparato de comunicación como “herramienta de trabajo” del presidente en turno, se le asignaría la renovación web a un grupo de alumnos de servicio social y sería emitida una convocatoria para modificar el logotipo y la tipografía del organismo.

En el primer día como presidenta, Dehesa Guzmán también presentó a quien sería su nueva asistente, Brenda Noguera.

Hubo otras acciones que entraron en vigor el mismo día que ocupó el cargo (13 de marzo de 2020), que se extendieron hasta el 4 de agosto, como la aplicación de la firma electrónica en las minutas de reunión, lo que puso fin a una irregular práctica que acumuló 14 documentos sin rubricar y sin aparente validez jurídica. 

O de otros que, a pesar de tener firmas, incluso al calce de cada hoja, evidencian que son distintas a las que se plasmaron al final del documento, y que de revisarse despejaran dudas sobre su autenticidad.

El ex presidente de CPC, Marcos Gutiérrez, que antecedió en el cargo rotativo a la presidenta saliente aseguró antes en su informe que diseñó y construyó una Red Ciudadana Anticorrupción, una encuesta digital entre tres mil quintanarroenses, un consejo consultivo, análisis documentales y técnicos de las ayudas sociales, foros regionales, un diagnóstico de las capacidades de los órganos internos de control y un Plan de Trabajo del Comité Coordinador con visión a largo plazo.

Del trabajo realizado por Cynthia Dehesa, poco se sabe, al menos lo que se transparenta. Después del 4 de agosto pasado dejó de publicar en la misma web que dio prioridad las minutas de reuniones, a pesar de que la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo dicta que los consejeros deben destacarse por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas y/o el combate a la corrupción.

Cada uno de los cinco integrantes del CPC firmó un contrato de honorarios con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción por la prestación de servicios profesionales, del que recibe un pago mensual bruto (hasta 2019) de 95 mil pesos, antes del descuento de 10 mil pesos por Impuesto Sobre la Renta. El pago es equivalente al que recibe un secretario de la Administración Pública Estatal.

El ingreso económico los compromete a participar activamente, aplicar su capacidad y conocimientos, en las obligaciones y atribuciones previstas en el organismo. El documento enumera 18 obligaciones contractuales, entre ellas opinar y realizar proyectos de mejora de instrumentos, lineamientos y mecanismos que favorezcan la prevención y la denuncia de faltas administrativas o hechos de corrupción, como también hacer exhortaciones ante la revisión de presupuestos, que tampoco fueron reportados en las minutas públicas. 

En la misma normatividad no se advierte la existencia de contrapesos ni que se deba rendir cuentas ante algún ente fiscalizador ni la prohibición de mezclar intereses personales de las organizaciones a las que representan. Los consejeros ciudadanos representan a organizaciones de la sociedad civil.

A unos días de que se decida al relevo en el CPC, la integrante del Comité de Selección, Miriam Cortés, dijo a Luces del Siglo que el perfil académico y las entrevistas determinarán al nuevo consejero entre los 30 inscritos, que como nunca en cantidad aspiran a ocupar el vacante sitio. El fallo programado para el día 10, podría retrasarse un par de días ante las prevenciones de documentación. 

La Ley también precisa experiencia laboral o conocimiento de la administración pública federal, estatal o local, y entre los candidatos destacan trayectorias que como ‘dados cargados’ inclinen la balanza.

Los aspirantes deben conocer de administración pública, políticas públicas y fiscalización de la cuenta pública, pero al mismo tiempo deben mostrar liderazgo, honradez y una trayectoria impecable. Para la entrevistada será determinante la formación académica.

Todos cuentan con formación universitaria y la mayoría tiene posgrado, pero sólo unos cuantos han ejercido cargos públicos y menos todavía de relevancia, que los podría enfilar para el puesto, como el magistrado Alberto Romo, presidente de la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o Moisés Alfaro Zerecero, presidente de la Junta Especial Número 1 de Conciliación y Arbitraje de Cancún. Se dice que la decisión final favorecerá a un abogado con habilidad para las relaciones públicas.

Del paso de los aspirantes por los entes públicos cuando en el cargo deberán fiscalizar las cuentas públicas gubernamentales, explicó a Luces del Siglo que “eso es hacer un prejuicio, sería tanto como si usted dejara de ser reportero y quisiera ser rapero, y porque usted toda su vida de joven dedicó su vida a ser reportero y los últimos años es un buen rapero, creo que se vale que usted sea rapero”.

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