- El Gobierno de Benito Juárez desmanteló una red ilegal de despojo, que fue exhibida hace dos años por Luces del Siglo.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CANCÚN, Q.ROO. El Gobierno de Benito Juárez desarticuló una posible red de corrupción dedicada al despojo de viviendas en el Municipio, la cual fue exhibida hace dos años por Luces del Siglo.
En enero de 2019 esta casa editorial reveló que el llamado “Acuerdo de Voluntades” para evitar que las viviendas de interés social abandonadas cayeran en manos de invasores o delincuentes se usó en la administración municipal en una práctica metalegal que se aprovechó para despojar y rematar el patrimonio de personas vulnerables.
Sobre los escritorios de los juzgados federales con sede en este destino turístico del sureste, pasaron, de 2017 a 2019, al menos 300 solicitudes de amparo contra esta medida que según cálculos extraoficiales rebasó en 2019 los 700 afectados que perdieron su propiedad y todavía luchaban por revertir legalmente esta arbitrariedad en la que estuvieron mezcladas autoridades municipales del gobierno verdecologista de Remberto Estrada, notarios públicos afines y empresas intermediarias que compraron el padrón de morosos.
El esquema de operación de esta red de “huachicoleo inmobiliario” se operó con la complicidad del Infonavit, la Tesorería Municipal y la Dirección de Ingresos Coordinados, que en ese entonces dirigió Lamberto Cruz Cruz y Jeannina Medrano Galindo, respectivamente, en quienes recayó la facultad de autorizar los embargos torciendo los objetivos del “Acuerdo de Voluntades” para usarse como instrumento metalegal para ir no sólo contra las viviendas abandonadas sino para arrasar hasta con las aún habitadas.
El pretexto “legal” para lograr el despojo no fueron tanto los adeudos bancarios sino la falta de pago, “en rebeldía”, del impuesto predial establecido en las normas administrativas y financieras estatales y municipales como una causal para que el gobierno municipal procediera a embargar viviendas de trabajadores que en este escandalosa corrupción fue dirigido contra familias de las regiones pobres de los márgenes del municipio de Benito Juárez, cuyo tope de valor comercial no rebasara los 350 mil pesos.
La aplicación de este criterio financiero tuvo el objetivo de evitar que la aprobación del proceso de embargo y remate pasara previamente por el pleno del Cabildo municipal y así dejar que la facultad recayera directamente en las dependencias encabezadas por Cruz Cruz y Medrano Galindo, hermana de la diputada verdecologista, Gabriela, pareja sentimental del exgobernador Roberto Borge Angulo, quien durante su administración dejó bien aceitada esta maquinaria de corrupción para garantizar su operación aún en el gobierno de la actual alcaldesa morenista Mara Lezama, quien en dos años no dio señales de querer entrarle al toro por los cuernos a pesar de tener pleno conocimiento.
Si hipotéticamente se aceptara que este masivo despojo de viviendas terminó en manos de empresas intermediarias que en promedio pagaron 5 mil pesos para adjudicarse el paquete de las 700 para posteriormente cotizarlas en el mercado en 350 mil pesos, la ecuación nos da como resultado un jugoso negocio de 245 millones de pesos para los “huachicoleros inmobiliarios de cuello blanco”.
Sólo algunos afectados con posibilidades pudieron ganar el amparo y recuperar su vivienda incluso cuando las autoridades municipales dieron por consumado tanto el embargo como el remate, como fue el caso de Gabriel “N”, quien en diciembre de 2018 fue favorecido por el Juzgado Octavo de Distrito al resolver el expediente 61/2018.
Los conflictos legales contra el embargo y remates de viviendas de interés social del Infonavit, escalaron el plano nacional a partir del 2018 cuando la Fiscalía General del Estado de Nayarit solicitó ante el Congreso el desafuero contra jueces y magistrados locales que por legitimar despojos en contra de 40 mil derechohabientes de Tamaulipas, Chihuahua, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco.
La Fiscalía reveló que entre 2013 y 2018 se llevaron a cabo juicios “espejo”, con la complicidad de magistrados y jueces de los municipios de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas, así como de un notario y un despacho de abogados, para ejecutar de manera irregular las hipotecas.
De acuerdo con su investigación, en los juicios se falsificaban constancias, no se hacían notificaciones ni emplazamientos de los demandados, no había intervención del Ministerio Público y todas las escrituras de las nuevas adjudicaciones fueron realizadas por un mismo notario.
El caso del “huachicoleo inmobiliario” en Cancún fue denunciado el 16 de enero del 2019 ante la unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que preside Santiago Nieto Castillos, por el secretario técnico del Ayuntamiento de Benito Juárez, Hugo Alday Nieto.
Aunque ese día no dio detalles sobre de qué tipo de asunto se trataba, dijo que había puesto una denuncia por el presunto lavado de dinero para que se investigue a notarías públicas, así como a los funcionarios de la pasada administración municipal de Benito Juárez que se presume participaron en la serie de despojos masivos.
El instrumento metalegal empleado para justificar el embargo, despojo y remate masivo de viviendas en Cancún, fue el “Acuerdo de Voluntades” firmado el 23 de mayo de 2011 entre el Ayuntamiento de Benito Juárez y el Infonavit con el propósito de impedir que las casas abandonadas fueran ilegalmente invadidas o cayeran en manos de la delincuencia.
René Alejandro Medina Sáenz, uno de los primeros abogados que denunció este tipo de arbitrariedades, denunció públicamente en 2017 que los embargos se estaban llevando a cabo a través de un ilegal procedimiento administrativo de ejecución por deudas del Impuesto Predial que en promedio ascendían a 5 mil pesos, situación de la que el afectado no tuvo conocimiento hasta que ya se había consumado el fraude.
Julián Ricalde Magaña, quien firmó ese acuerdo como alcalde, afirmó que dicho “Acuerdo de Voluntades” estaba limitado exclusivamente a aquellas viviendas abandonadas, pero su objetivo se torció como parte de las prácticas de saqueo inmobiliario que caracterizó al gobierno estatal en tiempos de Roberto Borge.
El caso que prendió la alerta en la delegación del Registro Público de la Propiedad en Cancún, fue el resuelto el pasado 12 de diciembre por el Juzgado Octavo de Distrito bajo el expediente 61/2018, promovido por Gabriel “N”, en contra de proceso de embargo y remate de su vivienda ejecutado por la Dirección de Ingresos Coordinados y Cobranzas del Ayuntamiento de Benito Juárez debido a que se violó el procedimiento de ley.
El juez Julio César Ortiz Mendoza concluyó que en este caso de despojo fueron violadas las garantías de audiencia y debido proceso del afectado, por lo que no pudo enterarse y defender sus derechos de propiedad y vivienda familiar, por lo que procedió a obligar a las autoridades municipales devolverle su vivienda que había caído en cartera vencida porque en 2006 fue impactada por el huracán “Wilma” y desde entonces se encontraba inhabitable, situación de la que el Infonavit fue oportunamente informada. Aún así, el Ayuntamiento de Benito Juárez llevó a cabo el procedimiento administrativo para el embargo y posterior remate.
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