- El delito de manipular los programas sociales es el más grave que existe de entre los que la FEDE busca detectar, investigar y castigar en épocas electorales.
ÓSCAR HERNÁNDEZ / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), afirmó que esta instancia vigilará muy de cerca el actual proceso electoral para que los programas sociales no se utilicen como compra de votos.
A través de un video, advirtió que el delito de manipular los programas sociales es el más grave que existe de entre los que la FEDE busca detectar, investigar y castigar en épocas electorales.
“El delito más grave de cuantos existen es el delito que consiste en manipular los programas sociales que benefician a la ciudadanía, con fines electorales, o sea, condicionar estos programas al voto, lo que se hizo en el pasado, y que nos preocupa que se repitiera en el presente, esperamos que de ninguna manera”, relató en un mensaje videograbado.
“Estamos preparándonos para el despliegue, consiste justamente en el desplazamiento de los agentes del Ministerio Público de esta Fiscalía a los distintos estados, perfilando muy bien los puestos y les estamos dando entrevistas didácticas a nuestros agentes del Ministerio Público”.
Les estamos recomendando, añadió, ciertas conductas indispensables para cumplir su misión y les estamos pidiendo que observen la posibilidad de delitos que se cometan en el periodo preparatorio de la elección.
Actualmente, el gobierno federal adelantó el reparto de 200 mil millones de pesos entre programas sociales para no violar la ley, algo que la oposición reprochó al acusar que eso también influía en el voto.
Otro asunto que les requiere de preparación, acotó Ortiz Pinchetti, es el nuevo delito de violencia política de género contra las mujeres, el cual ya ha provocado que se invaliden precandidaturas.
“Impulsado por las organizaciones feministas, pero que ha sido bien recibido por la ciudadanía”, dijo el Fiscal.
De acuerdo con la FEDE, hasta ahora ésta ha firmado un convenio de colaboración con 30 fiscalías estatales para vigilar los posibles delitos cometidos por actores políticos y ciudadanos en las entidades.
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