Restituye Juzgado propiedad a ejidatario

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Restituye Juzgado propiedad a ejidatario
  • Al ejidatario se le acusó de ostentar títulos de propiedad supuestamente falsos que durante el juicio fueron avalados por un perito del IPAE que omitió comprobar su dicho.
MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Tras casi una década de pleito jurídico, la justicia federal puso al descubierto la confabulación de servidores públicos del gobierno encabezado por Félix González Canto (2005-2011) en un ilegal mecanismo de despojo de terrenos ejidales en esta demarcación política. propiedad

Fueron servidores públicos adscritos al hoy desaparecido Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE) de la Zona Norte quienes de acuerdo con el fallo judicial arrebataron al ejidatario Pedro Raya Velázquez un par de mega terrenos con miles de hectáreas.

Consumado el despojo, los predios fueron posteriormente asignados como parte de la reserva territorial del fundo legal de Puerto Morelos (separado en su parte oriente y poniente por la carretera federal 307) para proceder a fraccionarlos y venderlos, lo cual sólo se logró parcialmente porque el terreno más extenso fue restituido a su propietario original, mientras que el más pequeño fue fraccionado y vendido a cuatro nuevos propietarios.

El caso quedó documentado en una sentencia definitiva resarcitoria del Juzgado Quinto de Distrito bajo el amparo indirecto 147/2010 —del 24 de mayo de 2016— que revirtió a favor del ejidatario afectado la desposesión perpetrada el 18 de septiembre de 2010.

Según el afectado, cuyo relato fue avalado por testigos, los responsables fueron empleados del extinto IPAE (ahora Agepro) quienes se apoderaron de un par de predios pese a que el quejoso gozaba de la propiedad y la posesión legal sustentada por los títulos números 0643 y 0692 del Registro Agrario Nacional.

El asunto se ventiló a través de un amparo en el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Octava Región con residencia en Cancún y mediante un recurso de revisión que promovió el IPAE ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito de Quintana Roo.

En un tortuoso camino legal, al ejidatario se le acusó de ostentar títulos de propiedad supuestamente falsos que durante el juicio fueron avalados por un perito del IPAE que omitió comprobar su dicho con análisis técnico-jurídicos, sin que cumpliera con las formalidades de un estudio pericial de mérito, pero con su testimonio logró fuera sobreseída el 28 de febrero de 2014. Pero un recurso de revisión que modificó la sentencia y se reconoció que a la víctima le “fue desconocido su derecho legalmente protegido; sin haberle seguido juicio alguno”.

Como parte del proceso jurídico, las autoridades procedieron a la desposesión bajo el argumento de que eran predios de propiedad de la reserva territorial del estado, “lo que sin lugar a dudas implica que actúo sin derecho y al margen de la ley; esto es se hizo justicia por sí misma”, cuando debió reclamarse a través de un juicio. La sentencia definitiva favoreció nuevamente al quejoso y se requirió el cumplimiento de resarcir los predios, en un fallo del 6 de octubre de 2014.

Pero la autoridad manifestó que estaba materialmente imposibilitada ya que los lotes se fragmentaron y se vendieron a cuatro nuevos propietarios, los que al momento de la sentencia ya contaban con folios de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Quintana Roo.

Un análisis topográfico de un perito de la entonces procuraduría de justicia estatal (26 mayo 2016) constató que el lote más grande no estaba empalmado con alguna otra propiedad, lo que sirvió para ordenar su restitución inmediata. 

Pero en el terreno más pequeño se documentó que había cuatro construcciones sin que se pudiera restituir para evitar afectar a terceras personas.

Ante tal situación, el juzgador ordenó restituir uno de los predios y del otro declaró improcedente el incidente de cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, cuya solución debía acreditarse plenamente la propiedad en la justicia estatal. A pesar de que uno de los predios quedó en poder del quejoso, la disputa jurídica se mantiene todavía activa en tribunales.

El titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro) de Quintana Roo, Eduardo de Jesús Ortiz Jasso, reportó el caso en un informe de situación institucional, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017. 

“… se está integrando un expediente jurídico-administrativo con todas aquellas incidencias, a fin de que al expediente del quejoso Pedro Raya Velázquez, le sea aplicado una auditoría integral y se deslinden probables responsabilidades en materia de Servidores Públicos, auditoría tanto forense al expediente como desde el punto de vista administrativo (contable, ingreso, valor, etc.), al estar frente a una indebida comercialización de un predio sujeto a una Litis, sin prever los alcances, consecuencias e incidencias jurídicas frente a las cuales en ese momento nos encontramos como autoridad obligada al cumplimiento de ejecutoria en Amparo”.

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