- El Congreso de Quintana Roo autorizó al gobierno estatal la contratación de uno o más financiamientos por un monto de hasta 820 mdp.
RUBÉN TORRES
CANCÚN. Q. ROO.- Con el objetivo de realizar inversión pública y crear empleos de forma inmediata en la entidad, el Congreso de Quintana Roo autorizó al gobierno estatal la contratación de uno o más financiamientos por un monto de hasta 820 millones de pesos.
El dictamen, que previamente había aprobado la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, fue avalado en el pleno con 17 votos a favor y tres en contra.
Quienes se opusieron a la propuesta enviada por el Ejecutivo estatal, como Linda Saray Cobos Castro y Edgar Gasca Arceo, argumentaron que, si bien no es un endeudamiento directo, al final se trata de compromisos financieros que golpean a las arcas del estado.
Con la aprobación, la XVI Legislatura autoriza al gobierno estatal, por conducto de la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Yohanet Torres Muñoz, “contratar por un plazo de hasta veinte años uno o varios financiamientos, con una o más instituciones financieras mexicanas, a través de la colocación de instrumentos de deuda en el mercado de valores nacional”.
Según el dictamen, con esta acción se fomentará la reactivación económica del estado, la cual consiste en detonar de manera estratégica la inversión pública productiva con garantía en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (Fafef) a lo largo de la entidad.
También urgen a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) potenciar los ingresos del estado para fomentar la inversión y el empleo de manera inmediata.
“Los recursos que se obtengan de la contratación de los financiamientos se destinarán al pago total o parcial, hasta por el monto máximo de financiamiento, de uno o varios de los 102 proyectos de inversión pública productiva consistentes en infraestructura física, los cuales se enlistan en el decreto expedido por la XVI Legislatura.
“Además, se estableció que la persona titular de la Sefiplan deberá informar a la Legislatura de la contratación de los financiamientos y demás actos dentro de 15 días naturales siguientes a su celebración, y publicar los documentos correspondientes en la página oficial del Poder Ejecutivo a más tardar 10 días naturales posteriores a su inscripción en el Registro Público Único”, se indica en el documento aprobado.
Los recursos serán fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de la propia Legislatura estatal.
Esta iniciativa del Ejecutivo estatal para obtener recursos a través de financiamientos era fundamental en su plan de reactivación económica tras la crisis desatada por la pandemia de Covid-19.
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