Promueven amparos Vs ‘Operación Caribe’

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Promueven amparos Vs ‘Operación Caribe’
  • 14 cuentas bancarias fueron intervenidas por la UIF, como parte de las investigaciones de la “Operación Caribe” contra Florian Tudor.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-  Al menos 14 cuentas bancarias fueron intervenidas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como parte de las investigaciones de la “Operación Caribe” contra Florian Tudor.

A los señalados se les investiga por sus nexos con la Banda de la Riviera Maya dedicada a la clonación de tarjetas bancarias en Quintana Roo, pero los afectados han pretendido liberar los recursos económicos con juicios de amparos que provisionalmente les fueron negados.

Los Jueces Segundo, Quinto y Séptimo de Distrito del Vigésimo Séptimo Circuito desecharon conceder la protección provisional en 14 de 17 cuentas bancarias de las que se reclamó su descongelamiento ante la Justicia de la Unión, desde el mes pasado.

La lista de los bloqueos la encabeza Adrian Nicolae Cosmin, a quien le fue intervenida la cuenta bancaria 0146916055900359048 del Banco Santander, el pasado 4 de febrero.

De acuerdo con el expediente único nacional 27662153 radicado en el Juzgado Quinto de Distrito, el rumano pidió la protección ante “las órdenes verbales de bloquear, asegurar, cancelar, suspender, congelar o revocar”, además de dejar sin efecto su incorporación a la lista de las personas bloqueadas.

Antes de que el juzgador negara la petición provisional, le pidió aclarar “de manera precisa cuáles son las cuentas bancarias que pretende defender, a quién pertenecen y en qué ciudad se aperturaron”.  

El más afectado es el titular de la Notaría Pública 37 de Quintana Roo, Nain Gabriel Díaz Medina, a quien se le inmovilizaron una decena de cuentas bancarias, pero otras tres le fueron liberadas.

Fue el mismo notario quien protocolizó la compraventa inmobiliaria de la calle Robalo, Manzana 09, Lotes 15 y 17, Supermanzana 3 de Cancún, que al fusionarse se habilitó como centro de operaciones de los rumanos.

De acuerdo con la escritura pública 3,713, Volumen Décimo Séptimo, Tomo C, la operación comercial fue pactada en 3.3 millones de pesos actuando como vendedora la Inmobiliaria Crisantemos, S.A. de C.V., de Francisco Evadio Garibay Osorio, y la compradora inmobiliaria Investcun, S.A. de C.V., de Adrian Ninel Enachescu, el 12 de junio de 2015.

El corredor público pidió la protección federal ante el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, pero este órgano jurisdiccional se declaró incompetente por razones de territorio, el 18 de febrero pasado.

El caso se envió al Juzgado Quinto de Distrito donde se le asignó el número de expediente único nacional 27601875, cuya resolución negó la liberación de las cuentas bancarias 0608697024, 0503572763, 0608697024, 0900768217, 84714699, 0333879672, 0333880276, 6521712039, 4065784720 y 4793030000243717.

La resolución, sin embargo, ordenó provisionalmente liberar las cuentas 0608697074, 0610829181 y 4023185000967608 para que se pudieran realizar operaciones financieras y disponer de los recursos, el 24 de febrero pasado.

Otra intervención reclamada fue de Iván Eliud Garibay Pulido (hijo del administrador de la Inmobiliaria Crisantemos, Francisco Evadio Garibay), que ante el Juzgado Séptimo de Distrito pidió liberar la cuenta 0248968586 del Banco Banorte, pero le fue negado el 10 de marzo pasado.

De acuerdo con el expediente único nacional 27710961, el quejoso pretendió con una fotocopia de un estado de cuenta de 2019, combatir el oficio 110/F/B/978/2021 que ordenó la restricción, bloqueo y congelamiento de cuentas bancarias.

Al Notario Público 20 de Cancún, Benjamín de la Peña, también le fueron intervenidas dos cuentas bancarias, desde el nueve de febrero pasado. El progenitor del también investigado diputado local verdecologista José de la Peña, tampoco pudo acreditar ni demostrar ante el Juzgado Segundo de Distrito cuál sería la afectación a su interés jurídico o los posibles daños o perjuicios que pudiera ocasionarle, según la resolución del 12 de febrero pasado.

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