- Dior Fall Sow indicó que reconocer al ecocidio como un crimen internacional es el enfoque más adecuado para luchar contra la impunidad de este delito y sus autores.
TONATIHU RUBÍN / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Un equipo de 12 juristas a nivel mundial trabaja en la redacción de un nuevo delito: el ecocidio, con el objetivo de lograr que sea perseguido por la Corte Penal Internacional (CPI).
La CPI se rige por el Estatuto de Roma, un instrumento que México ratificó en el 2005; hasta ahora, enlista cuatro delitos: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.
La intención de los expertos en derecho es definir el ecocidio para poder añadirlo al Estatuto de Roma a través de una modificación, que requeriría que 82 de los 123 miembros estén a favor de la anexión del nuevo delito.
De acuerdo con “Stop Ecocide”, la organización que promueve esta modificación, el ecocidio es la destrucción y daño masivo de ecosistemas, un daño a la naturaleza que es generalizado, severo o sistemático.
Un ejemplo es el derrame de petróleo del Deepwater Horizon, que ocurrió en abril de 2010 y contaminó 149 mil kilómetros cuadrados de agua en el Golfo de México.
La deforestación, la contaminación plástica, el fracking y la contaminación radiactiva, como las que sucedieron tras los accidentes nucleares de Chernobyl en 1986 y Fukushima en 2011, también podrían ser consideradas como ecocidio.
Los trabajos para redactar su definición comenzaron en noviembre del año pasado en el marco de 75 aniversario del comienzo de los juicios de Nuremberg, en los que nazis fueron juzgados por los crímenes que cometieron durante la Segunda Guerra Mundial.
“Ha llegado el momento de aprovechar el poder del derecho penal internacional para proteger nuestro medio ambiente mundial”, aseguró Philippe Sands QC, uno de los líderes del equipo de especialistas.
Dior Fall Sow, la otra líder del equipo, indicó que reconocer al ecocidio como un crimen internacional es el enfoque más adecuado para luchar contra la impunidad de este delito y sus autores.
Hasta ahora, ocho miembros de la CPI han expresado su interés por modificar el Estatuto de Roma: Bélgica, Canadá, España, Finlandia, Francia, Luxemburgo, Maldivas y Vanuatu.
La iniciativa también ha sido respaldada de manera pública por el Papa Francisco y la Unión Europea.
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