- Mauricio Góngora Escalante continuará en prisión domiciliaria hasta que se dicte sentencia en el proceso que enfrenta por desempeño irregular de la función pública.
MARCO ANTONIO BARRERA
SOLIDARIDAD, Q. ROO.- El ex presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, quien pretendió ser el sucesor de Roberto Borge Angulo al gobierno de Quintana Roo en 2016, continuará en prisión domiciliaria hasta que se dicte sentencia en el proceso que enfrenta por desempeño irregular de la función pública.
Un juez federal negó al Ayuntamiento de Solidaridad una suspensión definitiva en un juicio de amparo con el que el síndico municipal Omar Hazael Sánchez Cutis pretendió revertir las medidas cautelares que se decretaron al ex funcionario, mismas que le permitieron abandonar prisión el 8 de agosto del año pasado.
Pero la resolución del juicio de garantías con número de expediente único nacional 27565934 validó la prisión domiciliaria y el uso de brazaletes electrónicos que se impusieron como parte de la sentencia 166/2020 la cual fue confirmada por la Novena Sala Especializada en Materia Penal Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, el pasado 30 de noviembre.
Para el juez Séptimo de Distrito de Quintana Roo, Darío Alejandro Villa Arnaiz, el reclamo jurídico del síndico municipal fue improcedente ya que el manto protector no aplica contra resoluciones dictadas por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona, la ejecución de una técnica de investigación o contra una medida cautelar concedida.
Con la negativa de la suspensión definitiva al gobierno de Solidaridad, el ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del anterior gobierno de Quintana Roo seguirá confinado en su vivienda con dispositivos de localización, como lo dictó primero el juez de Control, Miguel Ángel Tuyu Martín (el 28 de febrero de 2019), y que se validó en una sentencia revisora.
Góngora Escalante enfrenta proceso penal bajo la carpeta administrativa 229/201 por su probable participación en el delito de desempeño irregular de la función pública contra el Ayuntamiento de Solidaridad, cuya conducta está prevista y sancionada con pena privativa de libertad y multa por el artículo 207, fracción IV, diversos 12 y 13; fracción III, 14, párrafo segundo y 16, fracción II del Código Penal del Estado de Quintana Roo.
En un amparo que fue negado antes al ex servidor público por el Juzgado Tercero de Distrito de Quintana Roo (número de expediente único nacional 27488305), se le reconoció como “coautor material” de haber celebrado de forma dolosa 53 contratos con diversos proveedores.
Los acuerdos de los que se le responsabiliza, se realizaron por licitación pública nacional (8), por invitación a tres proveedores (36) y por adjudicación directa (9), sin que hubieran expedientes ni convocatorias cuando fue presidente municipal, de 2013 a 2016.
De acuerdo con la querella que enfrenta, en la investigación tampoco se encontraron registros ni constancia de los expedientes relativos a los procedimientos de licitación pública en cada uno de los contratos, lo que dejó en evidencia que se careció de los procedimientos establecidos para adjudicar los contratos.
Una búsqueda fiscal constató también la existencia de proveedores que se ubicaron en el supuesto del artículo 69 B, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación; es decir, que emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal infraestructura o capacidad material para prestar, producir, comercializar o entregar bienes que amparen los productos o servicios.
El quebranto patrimonial a la cuenta pública municipal 2016 fue detectado incluso por el Auditor Superior del Estado de Quintana Roo quien mediante el oficio ASE/QROO/ASE/UAJ/0602/0420/18 alertó “el pago indebido” a 16 proveedores.
La acusación establece que el imputado actuó en contravención a lo establecido en las constituciones General y estatal y la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del estado, al otorgar 53 contratos que en un par de casos se dieron hasta una cantidad de nueve a dos empresas morales, además “de los indicios razonables de que las empresas proveedoras no existen”.
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