POR KUKULKÁN
AUNQUE todavía faltan ocho meses, al interior del Poder Judicial del estado ya están muy adelantados los ánimos entre los magistrados del pleno del Tribunal Superior de Justicia por saber quién de todos será ungido como el próximo presidente en sustitución del actual, Antonio León, quien concluirá su periodo en diciembre próximo.
DE LOS ONCE magistrados que conforman el pleno del Tribunal, diez gozan de su derecho de aspirar al máximo cargo (el presidente saliente ya no cuenta) pero digamos que hasta ahora sólo ocho tendrían posibilidades de alcanzar ese sueño; también queda descartado el ex presidente Fidel Villanueva, quien esa misma fecha concluye su periodo luego de una década como magistrado.
OTRO que como el pez, por su propia boca murió, es el polémico magistrado Carlos Lima, de oscuros antecedentes conocidos, quien recientemente fue exhibido por el rumano Florian Tudor en una grabación denunciando haber recibido presiones del gobernador del estado presuntamente para manipular el proceso que se sigue contra el llamado líder de la “Banda de la Riviera Maya”.
SI BIEN por venir del borgismo —fue el operador de los negocios inmobiliarios de Roberto Borge y como premio obtuvo la magistratura dentro del paquete de impunidad que dejó a su salida el ahora ex mandatario preso—, Lima no esperaba siquiera ser considerado para la presidencia, pero ahora con este desliz pateó su suerte, si es que la hubiera tenido con el acercamiento y relación respetuosa lograda con el mandatario a pesar de los desencuentros del pasado.
EN UNA SESIÓN exprés del Congreso Local que se celebró en otoño de 2015 en un hotel de la Riviera Maya, a hurtadillas, Borge impuso como magistrado a Lima, así como al auditor superior del estado y al fiscal general del estado, con la finalidad de blindarse a futuro contra cualquier acción legal que pudiera surgir en su contra por parte de su sucesor, Carlos Joaquín.
ESO NO PUDO detener la mano de la justicia estatal en contra del ex mandatario quintanarroense priista por saquear las arcas del estado, como parte del programa contra la corrupción del actual gobierno y el compromiso del gobernador Carlos Joaquín de que “Quien la hace, la paga” … y se procedió penalmente en contra de su antecesor; todavía, por la vía legal, el mandatario logró echar abajo los cargos del auditor y el fiscal, desmantelando con ello el paquete de impunidad borgista.
HACE SEIS AÑOS, en 2015, la presidencia del Tribunal Superior la tenía en su poder el borgista y cozumeleño Fidel Villanueva quien durante su periodo dio a luz al régimen mercantilista de la justicia al grado de instalar cafeterías familiares en edificios de tribunales y juzgados de todo el estado.
SU PERIODO como presidente era de 2011 a 2018, pero fue truncado en 2016, con una reforma de ley que devolvió al Ejecutivo del estado la facultad de legislar en materia de justicia, la cual previamente se le había otorgado al Poder Judicial por mandato de Borge; como corolario de todo esto Fidel Villanueva enfrenta diversos procesos y ha entablado amparos exploratorios hasta por una presunta orden de detención en su contra.
FIDEL fue de los beneficiados con los remates de bienes del patrimonio público estatal que Borge realizó, pero durante el proceso que se le abrió contra estos hechos, reconsideró la situación y regresó los terrenos al gobierno del estado; está claro que lo que no quiere Villanueva son conflictos, además de los que ya arrastra.
LOS OCHO magistrados restantes deberán convencer con acciones y hechos que merecen ser tomados en cuenta para conquistar la más alta magistratura del Poder Judicial por los próximos cinco años, cada uno trae su trayectoria, son responsables de su desempeño y, principalmente tendrán la gran misión de impartir justicia auténtica.
