- 12 estados de la República no han armonizado todavía su legislación local con la Ley General de Archivos lo que impide dar legitimidad a la política nacional.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- Un total de 12 estados de la República, Quintana Roo entre ellos, no han armonizado todavía su legislación local con la Ley General de Archivos lo que impide dar legitimidad a la política nacional que en esta materia diseña el Consejo Nacional de Archivos (CONARCH), presidido por Carlos Enrique Ruiz Abreu.
De acuerdo con el último informe del organismo, las 19 entidades federativas que ya publicaron sus leyes locales de archivos son Zacatecas, Durango, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Chihuahua, Nuevo León, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Yucatán, Guanajuato, Nayarit, Aguascalientes, Michoacán, San Luis Potosí, Tabasco, Chiapas y Sonora.
Los estados de Tlaxcala y Sinaloa ya aprobaron sus respectivas leyes, pero todavía no las han publicado, mientras que el resto (Morelos, Campeche, Coahuila, Baja California, Querétaro, Baja California Sur, Tamaulipas, Guerrero, Puebla, Veracruz y Quintana Roo) aún no concluyen su proceso de armonización que debió estar listo a más tardar el 15 de junio de 2020.
El siguiente paso, después de armonizar sus respectivas legislaciones con la nacional, es la instalación de sus propios consejos estatales con lo cual hasta el momento sólo han cumplido cinco de las 32 entidades federativas: Sonora, Durango, Zacatecas, Jalisco y Oaxaca.
La participación de los estados en el diseño de política nacional de archivos es indispensable para darle legitimidad no sólo con la adecuación de las legislaciones estatales sino con la representación que tendrá cada uno ya cuando el consejo nacional comience en operación, explicó Ruiz Abreu al instar a las entidades faltantes a agilizar sus procesos legislativos.
Una de las principales preocupaciones de la CONARCH es lograr con los estados hacer un frente común al tráfico ilegal del patrimonio documental del país, para lo cual antes deben estar organizados y coordinados.
Sobre este tema que es de preocupación en países de Iberoamérica, la CONARCH ha organizado y participado en foros con representantes de Perú, Colombia, Chile, Ecuador y España, quienes integran ya el Grupo de Trabajo sobre Tráfico Ilícito del Patrimonio Documental de la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA).
En el último encuentro virtual que tuvieron los integrantes del Grupo de Trabajo (Emma de Ramón Acevedo, titular de los archivos nacionales de Chile, Enrique Serrano por Colombia, Gloria Añazco por Ecuador, Jorge Ortiz por Perú, Severiano Hernández por España y Carlos Ruiz Abreu por México), delinearon los rasgos distintivos de cómo opera en la región iberoamericana el delito de sustracción ilegal de documentos históricos que dan testimonio de la memoria de sus pueblos.
Una de las conclusiones a las que arribaron los representantes de estos países, es que “dentro de la valoración de los bienes culturales y los consecuentes mecanismos para su protección, el patrimonio documental que recurrentemente tiene menor visibilidad para los gobiernos”.
Después del tráfico de armas y de drogas, el tráfico de bienes culturales es el tercer ilícito de mayor dimensión transnacional y es tan recurrente, entre otras causas, por la existencia de un mercado de objetos del patrimonio cultural, atizado por coleccionistas, la facilidad para esconder y transportar documentos históricos y la participación de personal interno para ejecutar el robo hormiga.
“Acreditar el origen de los documentos históricos traficados y por ende su propiedad por parte de los archivos, resulta un factor indispensable para poder enfrentar el tráfico ilícito del patrimonio documental, pero es un elemento que se torna complicado ante la carencia de registros exhaustivos de los documentos que resguardan los archivos, por lo que la generación de catálogos precisos de los documentos custodiados será pieza clave para combatir el problema, en este sentido la digitalización es un aliado protagónico”, puntualizaron.
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