Van a fondo contra ‘cártel del despojo’

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Van a fondo contra cártel del despojo
  • El caso del videorreportaje titulado “el cártel del despojo” de departamentos de lujo, involucra al dirigente y a un diputado estatal del PVEM.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En el caso del videorreportaje titulado “el cártel del despojo” de departamentos de lujo, que involucra al dirigente y a un diputado estatal del partido Verde Ecologista, así como a funcionarios estatales y municipales, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo (FECCQROO) ya solicitó información tanto a dependencias como a funcionarios presuntamente involucrados en estos actos de corrupción.

“Sí se inició la investigación y a ver qué resultados arroja; ya se solicitó información a algunas dependencias, no puedo decir cuáles ni qué, pero haremos la investigación correspondiente”, confirmó la fiscal Rosaura Villanueva Arzapalo.

—¿Aplicará la máxima de que en Quintana Roo “quien la hace la paga”?

—Así es, esas han sido siempre las instrucciones del gobernador Carlos Joaquín y en este caso no será la excepción.

De acuerdo con los documentos oficiales exhibidos por el videorreportaje de Latinus, los despojos de los inmuebles se hicieron a través de juicios laborales simulados donde presuntamente se confabularon con la empresaria Érika Luz García Deister, madre del diputado Gustavo Miranda y el líder estatal verdecologista Pablo Bustamante.

Además, son presuntas responsables de oficializar los actos ilegales la titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Cozumel, Teresa de Jesús Ku Pat, así como el registrador de la Propiedad y del Comercio de la Zona del Estado y el Notario Público 84 de Playa del Carmen, Jorge Jaime Cruz Hernández.

El caso ejemplificativo del modus operandi de los despojos es el que se cometió con un departamento en el complejo residencial Maioris Tower, de Puerto Cancún, donde se puso en evidencia la estafa orquestada en un juicio laboral para “sortear” una hipoteca de 833 mil dólares. 

El afectado del despojo es el Banco de Sabadell, S.A. el cual mantiene activo el litigio por estos ilegales hechos ante juzgados locales y federales donde describe con lujo de detalle cómo se perpetró el ilegal despojo (18 de agosto de 2015) orquestado también por José Luis Gómez Sosa, Carlos Ismael Adrián Albornoz y Marcela Bañuelos Cobos.

SIMULAN JUICIO LABORAL

En los documentos exhibidos por Latinus se advierte que el despojo se lleva a cabo a través de un juicio laboral que inicia así: los supuestos trabajadores emplazaron a juicio a las empresas García y Miranda Trading, S.A. de C.V. y Operadora Turística Luz, S.A. de C.V, propiedad de la señora García Deister.

En su demanda alegaron un supuesto despido masivo de vendedores de tiempos compartidos con salarios, cada uno, de 90 mil pesos mensuales, los varones habrían trabajado entre 2010 y 2015 y la mujer desde 2012.

En el juicio laboral 152/2015 reclamaron salarios caídos, horas extras, reparto de utilidades y primas vacacional y de antigüedad, cuyo laudo definitivo les favoreció el 15 de diciembre del 2015, sin que la presunta empleadora compareciera a defenderse.

Tampoco apareció cuando fue emplazada en un amparo que el banco impugnó ante el Juzgado Cuarto de Distrito (24660043), a pesar de que se publicaron edictos en el Diario Oficial de la Federación.

Cuando procedió al embargo del lujoso condominio (9 marzo de 2016) se hizo como garantía de un reclamo por 10 millones 405 mil 645.10 pesos, que superó el avalúo del inmueble por nueve millones de pesos (28 marzo), cantidad en la que finalmente se adjudicó.

El condominio del residencial Maioris Tower de Cancún está identificado en el Plan Maestro de la Zona Hotelera con el número UP 75-P19. PH-S Lt 1-02 de la UC 27, una de las zonas con más alta plusvalía de Cancún. 

En la trama laboral, el registrador público de la Propiedad y del Comercio de la Zona Norte decretó la inscripción del embargo (14 marzo), mientras que la junta laboral fijó la audiencia pública de remate las 13:30 horas del día 28. 

La propiedad fue adjudicada a Bustamante Beltrán y a los demás quejosos en una situación inmejorable: libre de todo gravamen, impuestos y derechos fiscales. Así se generó la escritura pública 629 (2 junio), misma que se inscribió registralmente 20 días después.

Los nuevos “dueños” procedieron entonces a celebrar un contrato de compra-venta con María Elena Martínez, que se formalizó con la escritura pública 1670, Volumen 7, Tomo 3, protocolizada por el mismo notario 84 de Quintana Roo, Jorge Jaime Cruz Hernández, Notario, el 10 de abril de 2017.

Pero cuando el banco español supo del engaño emplazó jurídicamente a Erika Luz García, ante la Primera Sala Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México (5-2018-004).

La pelea siguió ante el Juez de Instrucción adscrito al Juzgado Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún (7/2018) y la Quinta Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo.

El proceso para restituir la propiedad escaló ante el juzgado Quinto de Distrito (7 mayo 2018) que otorgó la protección al acreedor registral, dejó sin efectos del simulado juicio laboral e impidió la pretendida venta, según resolución del expediente 26409206.

Fue así que se fijó una nueva audiencia para vender el lujoso condominio valuado entonces en 16 millones 341 mil 050 pesos, aunque se comercializó en 10 millones 894 mil 22 pesos, según el remate judicial DGP12725 ordenado por el Juez Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, cuyo fallo validó la Magistrada Numeraria de la Quinta Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo.

En el juicio finalmente apareció Erika Luz García Deister que intentó combatir sin éxito la adjudicación mediante el fallido amparo 87/2020 ante el Juzgado Quinto de Distrito y con el recurso de en revisión 154/2020 del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.

Como parte del denunciado fraude, el banco afectado interpuso también una denuncia por hechos ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, cuyo caso se mantiene en investigación. 

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