- Un Juez de Extinción de Dominio confiscó a la empresaria Érika García un lujoso departamento de la Zona Hotelera de Cancún debido a una investigación por fraude.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- Desde noviembre de 2020, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo mantiene activa una carpeta de investigación por el presunto fraude de Erika Luz García Deister, madre del diputado local verdecologista Gustavo Miranda, a quien por orden de un Juez de Extinción de Dominio le fue confiscado el lujoso departamento de la Zona Hotelera de Cancún denunciado en el video reportaje titulado el “Cártel del despojo”.
La indagatoria ministerial registrada bajo el número FGE/QROO/BJ/11414/2020 originalmente fue encabezada por el Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad IV de la Zona Hotelera y posteriormente por la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, que ejecutaron primero el aseguramiento del folio registral electrónico 263773 (noviembre 2020) y posteriormente procedieron a la confiscación física del apartamento (25 de febrero pasado) ubicado en el nivel 19 del residencial Maioris Tower de Cancún.
García Deister intenta combatir los actos jurídicos con un amparo contra la confiscación ante el Juzgado Octavo de Distrito (expediente 27659721) que interpuso el pasado 26 de febrero, del que le fue otorgada la suspensión de plano.
El caso tiene su origen en el reclamo del acreedor español Banco de Sabadell, S.A. que intenta recuperar un crédito por 833 mil dólares americanos que originalmente otorgó la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante “Bancaja” en 2011, y que la cancunense pretendió evitar su pago con un simulado juicio laboral (152/2015) a través del cual se adjudicó el inmueble al dirigente estatal del Partido Verde Ecologista, Luis Pablo Bustamante Beltrán.
La ilegal operación quedó expuesta luego de un fallo adverso a la empresaria que decretó la magistrada numeraria de la Quinta Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil con sede en Cancún (enero de 2020), y que derivó en un recurso de revisión ante el Tercer Tribunal Colegiado con sede en Quintana Roo.
El caso pasó antes por el Juzgado Cuarto de Distrito que entre 2018 y 2020 analizó la ilegal adjudicación validada por la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Cozumel y el Registro de la Propiedad y del Comercio durante la gestión del ex gobernador Roberto Borge.
Como parte de la resolución judicial se dejaron insubsistentes todas las actuaciones del proceso de ejecución del laudo laboral en su etapa de remate del bien inmobiliario, que además de a Bustamante Beltrán favoreció a José Luis Gómez Sosa, Carlos Ismael Adrián Albornoz y Marcela Bañuelos Cobos.
Ante una instancia federal a la que comparecieron los ilegales beneficiarios, se estableció que el departamento de lujo tenía anotado un gravamen previo que no se respetó ni se convocó al acreedor Banco de Sabadell, que debió ser reconocido como un acto registrable en lugar de ser únicamente anotado.
De acuerdo con el análisis, el certificado de gravamen 321607 (expedido el 15 marzo de 2016) con el que se sustentó la adjudicación del inmueble en el juicio laboral violó el derecho de legalidad, pues omitió constar que abarcaba los movimientos registrales de 10 años anteriores, pues el reclamado crédito no aparecía como acreedor registral.
La sentencia ordenó dejar insubsistentes todas las actuaciones practicadas en el procedimiento de ejecución del laudo laboral en su etapa de remate “por actos viciados de origen”, y así como también la posterior adjudicación, escrituración, inscripción registral y venta a María Elena Martínez del condominio identificado en el Plan Maestro de la Zona Hotelera con número UP 75-P19 PH-S Lt. 1-02 de la UC 27.
La resolución dictó que se formulara una nueva convocatoria en la que fuera citado el banco acreedor para que pudiera hacer valer sus derechos con el bien que sería nuevamente rematado.
El laberíntico proceso pasó también por el Juzgado Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, apelaciones en la Quinta Sala en Materia Civil y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo y un amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito del Vigésimo Séptimo Circuito.
Al caso se sumó un juicio especial hipotecario (5/2018) en el Juzgado Civil y Primera Sala Civil de la Ciudad de México, que se interpuso contra los actos de la presidenta y el actuario de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Cozumel, y el director general del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Quintana Roo y de la Zona Norte del estado.
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