- Derechos Humanos pide a la Fiscalía que ofrezca disculpa pública a víctima de fraude por violar su derecho de acceso a la justicia.
OMAR ROMERO
CANCÚN, Q. ROO.- Por violaciones al derecho de acceso a la justicia en agravio de una persona que fue víctima de fraude en la compra de un vehículo mediante una plataforma digital, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Quintana Roo emitió una recomendación a la Fiscalía General del Estado.
Los hechos se registraron el 30 de septiembre de 2015, cuando la víctima cayó en un fraude al comprar un vehículo a través de una conocida plataforma digital, por lo que acudió a la agencia del Ministerio Público en Tulum, donde se inició la averiguación previa.
Pasaron 42 meses y las autoridades ministeriales no llevaron a cabo ninguna diligencia, ante ello, la persona afectada interpuso un juicio de amparo, el cual falló a favor de la agraviada, ordenando que se emitiera una resolución, entonces el Ministerio Público determinó no ejercer acción penal por falta de elementos.
Tras un recurso de inconformidad, el vicefiscal general revocó el no ejercicio de la acción penal, instruyendo a otro agente que conociera del caso, sin embargo, no se desahogaron las diligencias y finalmente el 13 de febrero del año pasado le informaron a la afectada que no se podía continuar por la prescripción de la averiguación previa.
Por esta situación, la agraviada inició la queja ante Derechos Humanos, que solicitó información a la agencia del Ministerio Público y en un primer momento no se cumplió hasta una segunda petición, incluso, se negó a entregar copia certificada de la averiguación previa.
Luego de las investigaciones, Derechos Humanos consideró que se violó el derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, derivado de una irregular investigación por deficiencia y negligencia durante las indagatorias.
Como parte de la recomendación, Derechos Humanos solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención compensar a la afectada de acuerdo con la Ley de Víctimas del estado, e inscribirla en el padrón.
La Fiscalía General del Estado deberá ofrecer una disculpa pública, iniciar y concluir un procedimiento para investigar y determinar si existieron faltas que constituyan infracciones en materia administrativa de los agentes del Ministerio Público, además de capacitar al personal para evitar este tipo de actuaciones.
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