Excluyen a mayas del PDU 2020-2030

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Excluyen a mayas del PDU 2020-2030
  • Al menos 30 integrantes de las comunidades mayas impugnan jurídicamente el PDU del Centro de Población de Puerto Morelos 2020-2030.
MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Al menos 30 integrantes de las comunidades mayas impugnan jurídicamente el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) del Centro de Población de Puerto Morelos 2020-2030, ante la omisión municipal de convocarlos a conocer el documento en su lengua materna.

La batalla jurídica que libran en distintos juzgados federales con sede en Quintana Roo, tiene como objetivo resarcir los derechos que históricamente “se les han vulnerado una y otra vez” a los integrantes de comunidades originarias.

La representación de los quejosos está encabezada por un despacho de abogadas y abogados interdisciplinarios con sede en la Ciudad de México, pero que tiene representación en Yucatán y en esta entidad.

La jurista Fabiola G. dijo a Luces del Siglo que la lucha inició originalmente con 15 juicios de garantías para combatir la modificación del recién aprobado mapa territorial del municipio de más reciente creación en la entidad.

“Los habitantes de Puerto Morelos han estado en pie de lucha durante muchos años para que se respeten sus derechos humanos, como un medio ambiente adecuado, un tratamiento de la lengua indígena y una serie de derechos que se han vulnerado una y otra vez”.

De los juicios iniciados por los quejosos, algunos agrupados en amparos colectivos y otros a título personal, sólo ocho fueron admitidos, pero únicamente de los quince amparos, sólo seis permanecen activos.

Además de sustentar jurídicamente el caso, otro de los retos ha sido realizar la traducción en lengua maya las demandas interpuestas, “para que ellos entiendan lo que están pidiendo y lo que firman. En palabras simples, sepan cuáles fueron sus derechos que se vulneraron”. 

Con la creación de un protocolo implementado entre los defensores garantizan la comprensión de los escritos en lengua maya, “para que los firmantes queden enterados desde este momento, que está sucediendo con ellos”.

Los abogados, expuso la entrevistada, representan a todo el grupo mediante amparos que caminan en paralelo, y que también se han complicado al intentar unificarlos con un representante común.

Los acercamientos se han logrado con el apoyo de asociaciones civiles, pero “respetando siempre el tiempo de las comunidades y la dinámica que establezcan”.

La única suspensión provisional lograda que frenó temporalmente la aplicación del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) del Centro de Población de Puerto Morelos 2020-2030, forma parte de ese grupo de quejosos que han reclamado justicia.

A pesar de que la suspensión provisional, reconoció, está “sostenida con alfileres”, se mantienen a la espera de la respuesta de las autoridades en sus informes previos y justificados, para entonces proceder a la ampliación de la demanda de amparo. 

La medida cautelar decretada por el Juzgado Segundo de Distrito del Vigésimo Séptimo Circuito que ordenó al Ayuntamiento a detener la emisión de permisos, autorizaciones y licencias de construcción, además de las edificaciones que se ejecuten al amparo de esa normatividad, generó esperanza y confianza entre integrantes activos del Colectivo Voces Unidas de Puerto Morelos.

“Fue acertada y relevante la determinación judicial pues se suma a las demás acciones emprendidas por la comunidad en la defensa de un medio ambiente sano y el derecho al territorio”.

El fin de la lucha, reconocieron, es que los grupos sociales organizados defiendan el entorno socio-ambiental y la preservación de la biodiversidad de Puerto Morelos, porque el aumento de densidades en la construcción pone en riesgo el desarrollo comunitario y transgrede las leyes internacionales y nacionales que velan por la protección del medio ambiente.

“No nos negamos al desarrollo ni al crecimiento simplemente pedimos que se haga con ética ambiental y no con una ética de producción de riqueza económica como ocurrió con los modelos impuestos en Cancún, Playa del Carmen y Tulum, que nos llevan a la destrucción ambiental y la descomposición social”.

La suspensión provisional que se mantiene vigente obliga igualmente a las autoridades portomorelenses a que cualquier obra civil que se pretenda construir deberá apegarse al PDU anterior del municipio quintanarroense.

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