Pide la Oposición parar intromisión en proceso electoral

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Pide la Oposición parar intromisión en proceso electoral
  • Diputados y senadores del PRI, MC y PAN exigieron al Presidente que deje de entrometerse en el proceso electoral y que haya sanciones.
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CLAUDIA SALAZAR, DANIEL REYES Y ÁNGEL CHARLES / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados y senadores del PRI, MC y PAN exigieron al Presidente que deje de entrometerse en el proceso electoral y que haya sanciones por parte de las autoridades electorales.

En puntos de acuerdo que se presentan en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, los legisladores condenaron las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), luego que el titular del Ejecutivo se lanzó contra los candidatos de Nuevo León, por el PRI, Adrián de la Garza, y de MC, Samuel García.

“Bajo ninguna circunstancia los mexicanos debemos permitir que se vulnere la democracia y el Estado Derecho, pues su construcción y consolidación ha costado el trabajo de muchos mexicanos y el esfuerzo por parte de la sociedad.

“En la historia contemporánea del país nunca habíamos sido testigos de la intervención tan burda por parte del Ejecutivo en las elecciones intermedias de la Nación”, manifestaron los priistas.

“Hoy nuestro partido alza la voz y demanda el respeto a la competencia electoral, nada debe perturbar e influir de manera arbitraria en la decisión de los ciudadanos, su voto debe ser libre e informado”.

También exhortaron a FGR a no utilizar investigaciones en curso con fines electorales y políticos, que minen la confianza de la ciudadanía en el proceso electoral del Estado de Nuevo León.

El ¡Claro que sí!

Los senadores de Movimiento Ciudadano (MC) Dante Delgado y Noé Castañón, citaron la aceptación del propio Presidente en la conferencia de prensa de las mañanas, cuando le preguntaron si estaba metiendo las manos en la elección.

El Mandatario lo reconoció al decir “Claro que sí”, refirieron los legisladores.

“En Movimiento Ciudadano rechazamos enérgicamente la interferencia indebida del presidente de la República en el proceso electoral y el claro uso faccioso de las instituciones para perjudicar el candidato a gobernador de Nuevo León, Samuel García”, afirman en eel punto de acuerdo.

La coordinadora de diputados de MC, Fabiola Loya, también condenaron el ataque a los candidatos por parte del Presidente y pidió la intervención del INE.

Los senadores del PAN recriminaron que el Presidente haya convocado al Acuerdo Nacional por la Democracia, suscrito en marzo pasado con gobernadores, que establece que todos los firmantes se comprometen a garantizar las elecciones libres y respetar la voluntad del pueblo.

“Sobra decir que el Presidente se olvidó ya de este compromiso; el Presidente acumula ya más de una docena de denuncias por intervenciones en el proceso electoral.

“Ha amenazado a las instituciones electorales y persiste en incurrir en conductas antidemocráticas, al desaprobar las decisiones del árbitro y se ha empeñado en llevar adelante una campaña de desprestigio difamación y persecución del gobernador de Tamaulipas.

“Pero ayer se ha superado a sí mismo y ha sobrepasado toda línea roja, está admitiendo abiertamente y con todas sus letras que está interviniendo en el proceso electoral”, advirtieron los senadores panistas.

Pidieron a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y a la FGR actuar con autonomía, honorabilidad y apegados a la Constitución, sin distingo de consideraciones partidistas de ninguna índole.

Burda intervención

“Nunca se había actuado en México de una manera tan burda”, explotó en la Ciudad de México Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Ojalá la Fiscalía (General de la República) no gaste tiempo y dinero de los mexicanos en perseguir temas permitidos, mejor que persiga el crimen organizado, que está desbordado en este país”.

Moreno argumentó que el reparto de tarjetas que luego son utilizadas para dispersar apoyos sociales ya fue analizado en campañas del 2017 y 2018 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y no se determinó ilegalidad.

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